El bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez a que Canarias pueda gastar su superávit en los servicios públicos esenciales frena la reducción de las horas lectivas del profesorado y, en consecuencia, la contratación de en torno a 2.200 docentes para cubrir el nuevo horario. El Estado calcula que la Comunidad Autónoma ha tenido un superávit de 947 millones, frente a los 300 millones que cuantifica el Ejecutivo canario, y, además, Hacienda obliga a devolver ese dinero a los bancos para amortizar deuda, impidiendo que se utilice en la ejecución de obras en carreteras y en la financiación de los servicios públicos, como se demanda desde las Islas.
Ante lo que considera un ?atropello a los derechos de los canarios?, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha emprendido una cruzada, con el apoyo de empresarios y sindicatos y portavoces parlamentarios (CC, ASG y PP), para que el Ejecutivo del PSOE rectifique en sus cálculos del superávit y, en paralelo, flexibilice la regla de gasto para las comunidades que, como Canarias, han cumplido con el objetivo de déficit, de modo que puedan destinar esos recursos a servicios públicos y no a pagar deuda. El presidente calcula que con los 945 millones se podrían crear 18.940 nuevos empleos en las Islas en los ámbitos sanitario, educativo y dependencia. De hecho, solo en el educativo afecta a la contratación de 2.200 profesores.
Rebaja de horas
La Consejería de Educación, que dirige Soledad Monzón, señala que la negativa a que se aplique el superávit repercute en la mejora de la calidad del sistema educativo, pues con estos recursos el Gobierno canario plantea financiar la rebaja de las horas lectivas para que los profesores vuelvan a estar como antes de la crisis económica. En 2102, en el momento más álgido de la recesión, el Gobierno central del PP impuso medidas urgentes de racionalización del gasto en escuelas y universidades. Ante las protestas sindicales y de docentes por el incremento de las horas lectivas, la ministra socialista, Isabel Celaá, impulsó a principios de año la reducción del horario aunque sin precisar quién iba a financiar el gasto, lo que provocó la preocupación de las comunidades autónomas. Evidentemente, los presupuestos estatales prorrogados no contemplan la financiación.
El Gobierno central aprobó una ley, que se publicó el pasado 8 de marzo en el BOE con las Cortes ya disueltas, ?para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria?.
Con esta norma, el Estado traslada a las comunidades la responsabilidad de reducir la jornada lectiva de los docentes de Secundaria de 20 a 18 horas (como antes de la crisis) y, para los de Infantil y Primaria, de 25 a 23 horas. En Canarias no tenían 23 horas antes de la recesión pero el Gobierno regional está dispuesto a aplicar esta reducción el próximo curso siempre que se garanticen los recursos. En esa misma ley estatal se logró introducir, en el periodo de enmiendas en las Cortes Generales, que el Estado establecerá ?un marco de financiación adecuado y suficiente? para implantar la reducción horaria en el curso 2019-2020, si bien a estas alturas aún no ha concretado a las comunidades cómo va a sufragar esta rebaja.
Sólo en Canarias, el coste de reducir esas dos horas lectivas en Secundaria es de casi 64 millones de euros y, en Primaria, de más de 44 millones, pues se requiere contratar a unos 2.200 profesores. Es decir, se adopta una medida que supone casi 108 millones de euros más sin precisar cómo se financiará.
El Gobierno de Canarias apoya la reducción del horario, pero precisa que se necesita dinero para ponerlo en marcha. En este sentido, incluso antes de que figurase en la ley del marzo la obligación del Estado de establecer ?un marco de financiación?, el Gobierno canario planteó esta mejora en el horario del profesorado y del personal del Servicio Canario de Salud en los presupuestos regionales de 2019, aprobados en diciembre del año pasado, si bien ?condicionado? a que se pudiera aplicar el dinero del superávit de la Comunidad Autónoma a ello.
Pero el Gobierno de Sánchez ha bloqueado esta posibilidad al no permitir que se empleen esos recursos a los servicios públicos. Soledad Monzón remitió una carta el pasado 19 de marzo a la ministra a Isabel Celaá donde le explica la disposición del Ejecutivo regional a sufragar la reducción horaria si el Estado flexibiliza para Canarias la aplicación de la regla de gasto y permite gastar su superávit. También le pide que, al margen de esa posibilidad, concrete cómo va a financiar la reducción de las horas lectivas para poder empezar a planificar las plantillas de septiembre. No hay respuesta.