Tengo la sensación -y como tal puede que no se ajuste del todo a la realidad- que en estos días vacacionales de Semana Santa, quien mas, quien menos, ha intentado desconectar un poco de la dura realidad cotidiana. Otra cosa es la forma en que cada uno haya podido llevar a cabo esa "desconexión". El tiempo, en general, no ha acompañado, y la crisis económica ha hecho el resto. Por eso, la ocupación hotelera no ha estado al cien por cien y el sector de hostelería se ha quejado de un menor consumo.

Pero el corto periodo vacacional de Semana Santa ya ha pasado y de nuevo toca volver a lo de cada día. En el ámbito personal, que sin duda es el mas importante, hay mucha gente lo que está pasando mal, bien porque ha perdido su puesto de trabajo, bien porque no tiene unas expectativas razonables de encontrar uno a corto plazo, bien -y este es el dato que personalmente más me impacta- porque son ya cerca de 1.600.000 los hogares en los que ninguno de sus miembros generan ingresos. Por no hablar de los jóvenes que buscan con frustración su primer empleo y al final tienen que optar por emigrar y buscarlo en otro País.

En el ámbito político, la vuelta nos depara mas de lo mismo. Los casos de corrupción siguen copando la actualidad, porque aparte de que objetivamente hay muchos, la justicia es excesivamente lenta en su resolución. Da lo mismo que se hable del caso Bárcenas, que de los ERES falsos de la Junta de Andalucía, que de Urdangarin y los correos de su socio de fechorías Diego Torres para intenta implicar a la mujer de aquel, que del caso que afecta al exministro socialista José Blanco. La cuestión es que la corrupción lo emponzoña todo y si no se toman medidas urgentes para extirpar este cáncer, acabará haciendo un daño irreparable al sistema.

Por si todo lo anterior -crisis política, económica, institucional- no fuera suficiente, en las últimas semanas ha cobrado actualidad y ha centrado el debate en la opinión pública el sistema empleado por la plataforma ciudadana contraria a los desahucios consistente en acosar a dirigentes del PP, llegando a la violencia verbal o física. Un sistema que en cualquier país con un mínimo de conciencia democrática provocaría el rechazo absoluto de todo el mundo, porque son prácticas antidemocráticas que recuerdan mucho a las empleadas por los nazis en Alemania, por los fascistas en Italia o, algo más cercano, por los cachorros de ETA con la tristemente famosa "kale borroka". Pero en esto, España también es diferente, y hay sectores sociales e incluso políticos que no solamente no condenan estas prácticas, sino que las aprueban, aunque solo sea con su silencio cómplice, algo en si muy peligroso, porque cuando se pierden esos mínimos éticos y democráticos, las cosas se saben como empiezan pero no como acaban.