La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, afirmó ayer que la Ley de Extranjería "no parece ser el lugar más adecuado" para abordar cuestiones relativas a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España de forma clandestina y pidió "prudencia" a Canarias en sus reivindicaciones.

Durante un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad, Rumí se refería así a la petición lanzada por el Parlamento de Canarias para devolver al Estado las competencias sobre estos niños, dado que en la actualidad los gobiernos de las Islas tutelan a más de 1.400 menores.

"Hay que mantener la prudencia en el tema de los menores extranjeros no acompañados", incidió Rumí, para después pedir a Canarias que recuerde "que no ha habido ningún otro gobierno que haya incentivado una política de cooperación" de todas las autonomías para la acogida en la Península de estos niños.

Asimismo, recordó que el Gobierno ha transferido "19 millones de euros" en ayudas y ha "firmado un convenio" para que los menores puedan ser trasladados, ya que, aunque es una competencia de las comunidades autónomas, "ahí está el Gobierno de España".

Sobre la reforma en sí de la citada Ley de Extranjería, tema central de su intervención, la secretaria de Estado explicó que los informes preceptivos de los distintos agentes implicados estarán listos en un mes y a partir de entonces el anteproyecto iniciará su andadura parlamentaria.

Según señaló, la nueva ley podría estar aprobada "antes de que acabe el periodo de sesiones", aunque en su opinión lo más importante no es el calendario, "sino que del Parlamento salga consenso". Rimí afirmó que una de las prioridades del Gobierno es la "lucha contra los flujos clandestinos".

Asimismo, apuntó que la reforma contempla incrementar en veinte días el tiempo de retención de los inmigrantes que llegan en cayuco. En la actualidad son 40 los días que pueden ser acogidos y, en el caso de aprobarse la modificación de la ley, se prolongarán hasta 60. El objetivo de esta propuesta, según Rumí, es facilitar las repatriaciones y la puesta en marcha de un registro que contribuya al control de entradas y salidas de los extranjeros.

El Parlamento canario aprobó, con el apoyo de CC y PP, solicitar al Estado que la reforma de la Ley de Extranjería contemple el cambio de la tutela de los niños de los cayuco, pero el Partido Popular a nivel nacional no ha asegurado si apoyará esta propuesta en el Congreso.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, declinó ayer hacer declaraciones al respecto.

Rojas tiene esperanzas de que la Subcomisión de Inmigración, que se reúne el próximo martes, aclare algo más sobre la cuestión que está sin resolver: si corresponde o no al Estado la tutela de los menores que llegan en cayuco.