La sombra de la corrupción en el Archipiélago se trasladó ayer a Lanzarote y Gran Canaria, con la detención de once personas -funcionarios, políticos, empresarios e intermediarios- por diversos delitos relacionados con la corrupción y el urbanismo.

En el marco de la "operación Unión", la Guardia Civil arrestó a los concejales del Ayuntamiento de Arrecife Ubaldo Becerra -teniente de alcalde y edil del PGO- y José Miguel Rodríguez -edil de Hacienda y Urbanismo-, ambos del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), a María Elena Martín, jefa del Servicio de Contratación del ayuntamiento, y al jefe de la Oficina Técnica Municipal, Juan Rafel Arrocha (PSOE).

En la operación policial resultaron detenidos también Segundo Rodríguez (PSOE), ex alcalde de Tinajo y ex consejero del Cabildo conejero, y Dimas Martín Martín, ex presidente de la corporación insular, ex líder del PIL y padre de la citada María Elena Martín. En este último caso, el arresto se produjo en la cárcel de Tahíche, donde Dimas Martín cumple condena por otro presunto delito de corrupción.

Los otros cinco detenidos, cuya identidad no fue confirmada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), son dos empresarios, uno de Gran Canaria, y tres intermediarios, según fuentes próximas a la investigación.

La trama de corrupción municipal y urbanística desmantelada ayer y que estaba dirigida, supuestamente, por varios políticos del PIL se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresarios, según informó la Guardia Civil.

La investigación ha permitido desarticular "una importante trama organizada" dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos "dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización", explicó.

A los detenidos se les imputan delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.

La operación está dirigida por el juez de instrucción número 5 de Arrecife y se inició a raíz del cobro de una de estas comisiones, de 100.000 euros, que fue interceptada por el Instituto Armado a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.

La Guardia Civil informó de que los agentes de la Unidad Central Operativa registraron las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y de su Oficina Técnica, otra oficina y varios estudios de arquitectura, así como los domicilios de algunos de los detenidos y la celda que Dimas Martín ocupa en el Centro Penitenciario de Tahíche. Además, investiga el Plan General de Ordenación de la capital lanzaroteña porque tiene indicios de que se han cometido delitos de corrupción municipal.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, expresó ayer que "estos hechos están en manos de los jueces y hay que dejar que hagan su trabajo".

Mientras, el portavoz socialista, Santiago Pérez, aseguró que su partido "no denunciará la existencia de una cruzada" ni tendría una reacción "paranoica", el del Partido Popular (PP), Miguel Cabrera, apuntó que su formación "no se entrometerá ni inmiscuirá" en el desarrollo de las actuaciones en curso. "Hay que dejar trabajar a la Justicia y cuando las cosas estén más claras, entonces nos pronunciaremos". Por parte de Coalición Canaria (CC), la diputada María del Mar Julios ratificó que "hay que dejar que trabaje la justicia, como siempre hemos hecho".

Reacciones

En relación a la ruptura del pacto de gobierno entre los socialistas y el PIL en Arrecife, el representante de CC de Lanzarote en la Ejecutiva, Mario Pérez, manifestó que "los primeros que tienen que dar explicaciones son la formación de los socialistas y el PIL" debido al pacto que tenían hasta ahora, explicó Mario Pérez.

"Nosotros vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad en el marco del estado de derecho y seremos tremendamente respetuosos con éste y con la presunción de inocencia", indicó. "A partir de ahora se producirán los acontecimientos que deban ocurrir en los que CC ni ha participado ni participa", añadió.