"Nuestro actual modelo de Administración de Justicia atraviesa una crisis muy grave y profunda y necesita una auténtica refundación que la adecue plenamente a las nuevas realidades sociales", así de contundentes se han pronunciado nueve de cada diez abogados en ejercicio en Canarias, según recoge un estudio realizado por Metroscopia sobre la situación de la Justicia en el Archipiélago.

El estudio, que ha tenido en cuenta las respuestas a un exhaustivo cuestionario por parte de 300 profesionales del derecho, refleja un panorama más que preocupante, puesto que además de la citada afirmación, el 87% de los encuestados considera que "los gobiernos, sean que del signo que sean, muestran por lo general más interés en tratar de controlar la justicia o de influir sobre ella, que por emprender una mejora a fondo de su funcionamiento que la modernice y la haga plenamente eficiente".

Sin embargo, una de las cuestiones en las que hubo mayor consenso fue la relacionada con la necesidad de un Pacto de Estado que permita la adecuación de la Administración de Justicia a la realidad social actual, puesto que el 93% de los juristas considera que "la Justicia necesita, con la máxima urgencia y por encima de los distintos intereses partidistas o corporativos, un nuevo Pacto de Estado que haga posible la remodelación a fondo e inmediata de su organización y funcionamiento".

En este punto, el 44% de los juristas encuestados asegura que la situación de la justicia en las Islas está igual que estaba en los últimos años y que no ha habido mejoras reseñables. Sin embargo, la mayor crítica que se le hace a la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, como administración competente en la materia, es que "las oficinas judiciales no suelen estar organizadas con carácter general y, por lo tanto, se pierde en eficiencia".

En este sentido, el Ejecutivo canario trabaja desde hace meses en dos proyectos experimentales en el juzgado de Arona y en Arrecife, en los que evalúa cómo ha de ser la puesta en funcionamiento de una nueva oficina judicial para, más adelante, proceder a su apertura en todas las Islas de forma gradual.

Continuando con el estudio realizado por Metroscopia, y difundido por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, las quejas de los profesionales del derecho también afectan de lleno al Ministerio, puesto que 95% de los juristas encuestados aseguran que "no hay, en conjunto, un número suficiente de jueces y siguen siendo necesarios más".

En el punto contrario se sitúan los abogados, ya que el 90% de los participantes en este estudio han asegurado que no es cierto que, en conjunto, no haya un número suficiente de abogados, por lo que consideran que no es necesario que hayan más.

Respecto al mapa judicial en Canarias, el 75% considera que "está desfasado respecto a la realidad social", mientras que el 23% no considera que eso sea así.

Por otra parte, el 65% opina que las instalaciones de la justicia han mejorado, con carácter general, de forma apreciable en los últimos años.

Especialmente sorprendente resulta la opinión que mantienen el 82% de los letrados encuestados, ya que consideran que "el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un órgano tan politizado que difícilmente puede gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la Justicia en el territorio nacional.