Coalición Canaria presentó el pasado martes diez enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería después de largas negociaciones, durante las últimas semanas, entre la portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, y representantes del Gobierno de Canarias, con la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y la portavoz parlamentaria del PSOE, Esperanza Esteve.

Las diez enmiendas presentadas han sido consensuadas, lo que garantiza su aprobación durante la tramitación parlamentaria iniciada la semana pasada en el Congreso.

Según informó ayer CC en una nota de prensa, "con ellas se resuelven asuntos como la corresponsabilidad del Estado en la gestión de los traslados de los menores inmigrantes no acompañados, así como la posibilidad de que pueda trasladarse la tutela a las comunidades autónomas que las acojan".

Asimismo, también se logrará la correspondiente financiación para la integración de los menores.

Convenios con ONG

Además, se establece que el Estado y las comunidades autónomas podrán suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores para atribuirles la tutela.

Las modificaciones de la Ley de Extranjería que propugna CC posibilitan que se reconozca expresamente que las comunidades autónomas pueden acordar entre ellas la transferencia de la tutela y custodia de los menores, lo que facilitaría su distribución por todo el territorio del Estado.

Esa capacidad para ejercer la tutela se extiende a las ONG dedicadas a la protección de menores mediante convenios de colaboración entre estas entidades y el Estado o las comunidades autónomas.

Política de Estado

Las enmiendas de CC afirman expresamente el carácter de política de Estado que debe tener la integración de los menores para terminar con la inhibición del Gobierno en esta materia.

También abren a las comunidades autónomas la posibilidad de celebrar convenios con los países de origen para que la integración social de los menores lo sea en su entorno geográfico de procedencia.

El Gobierno canario lleva meses reclamando que todo lo que rodea a los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas españolas en pateras o cayucos sea una cuestión de Estado y que no recaiga toda la competencia sobre la comunidad que los recibe.