El nuevo modelo de becas universitarias que plantea el Ministerio de Educación "es discriminatorio e insolidario y rompe la cohesión territorial". Así lo entiende el director general de Universidades del Gobierno autónomo, Juan José Martínez, quien ayer anunció la rotunda oposición del Ejecutivo y del Consejo Universitario de Canarias a una propuesta que, aunque aún está en discusión, podría suponer que entre un 15% y un 20% de los aproximadamente 9.000 canarios que se benefician de las ayudas del Ministerio -hasta 1.800 personas- se queden sin ellas.

La propuesta forma parte de un documento para la mejora en la financiación de las universidades con el que, en líneas generales, Canarias está de acuerdo. No obstante, la discrepancia en este punto es muy profunda, por lo que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para que el Ministerio rectifique.

La intención del Ejecutivo central es que las becas se distribuyan en función de la renta per cápita de las comunidades, de manera que se destinen más a las regiones con mayor renta. Con ello busca corregir el actual desequilibrio entre comunidades en cuanto al porcentaje de población estudiantil becada, que ahora es mayor en las que tienen menor renta. Sin embargo, Martínez considera que este dato es normal. "Las becas son para personas, no para los territorios", insistió. En este sentido, recordó que en las islas no capitalinas hay mayor proporción de alumnos becados por el Gobierno canario que en Tenerife y Gran Canaria, porque "tiene que ser así".

Otro de los argumentos empleados por el Ministerio -que la vida es más cara en las regiones más ricas- tampoco convence a la Consejería de Educación, que se remite a los datos del Instituto Nacionales de Estadística que apuntan a un incremento en la "brecha" del poder adquisitivo entre comunidades en función de su renta per cápita.

Como ejemplo de los perjuicios que puede acarrear este sistema, Martínez detalló que en el documento "un ciudadano del País Vasco, con una renta familiar de 51.917 euros recibirá beca. En cambio, a un ciudadano canario en idéntica situación se le denegaría si su renta supera los 38.831 euros. Es inaceptable", dijo.

El Consejo Universitario de Canarias ha emitido un dictamen en el que insta al Ministerio a eliminar la propuesta de reparto territorial de las becas y le precisa que, si este sistema se extendiera a Canarias, podría impedir el acceso a la educación universitaria a un buen número de residentes en las islas menores. Asimismo, le solicita que incluya compensaciones a la ultraperificidad del Archipiélago y un complemento de financiación para las becas de movilidad de los canarios.

El director general de Universidades informó de que el Gobierno ha emprendido contactos con otras comunidades autónomas afectadas por el cambio del modelo.

Otro aspecto del documento sobre financiación en el que Canarias difiere del Ministerio es el referido a la financiación complementaria para investigación, que el Estado quiere vincular al número de sexenios acumulados en cada universidad, algo que, por su tamaño o reciente trayectoria, perjudicaría a las instituciones académicas del Archipiélago. Por ello, el Consejo Universitario propone que sólo se computen los últimos cinco años. Tampoco comparte la sugerencia de dar libertad a las universidades para fijar los precios de matrícula, pues, a su juicio, "la competencia entre universidades debe ser en función de la calidad de la formación que ofrecen y no de quién ofrece la matrícula más barata".