"¿No sería mejor que se dedicasen a realizar sus funciones propias y no a desempeñar otras que no están claras?". Con esta pregunta expresaba estos días su malestar un miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sindicado mayoritario en la Benemérita, ante la inminente puesta en marcha del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Se refería de esta manera a las dudas generadas en torno a la participación de la Policía autonómica en el dispositivo de seguridad de la Bajada de la Virgen de Las Nieves, en La Palma, primera prueba de campo para los agentes regionales.
Considera la AUGC que lo más "lógico" en estos momentos es que los policías autonómicos desarrollen las funciones propias de acuerdo con la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria, una labor que ahora desempeñan agentes de la Guardia Civil.
Entre estos servicios propios figuran la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus entes instrumentales, y velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma.
Y es que, según los datos facilitados por la AUGC, si la Policía Canaria realizara estas labores que se consideran propias, la Guardia Civil podría disponer de una treintena de agentes más para sus labores de seguridad ciudadana.
Estos treinta agentes de los que habla la AUGC están distribuidos entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En ambas capitales, y aunque a veces la cifra puede variar, la media diaria es de seis guardias civiles para la escolta del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, otros seis para vigilar la sede de la Presidencia, y cuatro más para supervisar el traslado de menores. Y esto al margen de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que según fuentes no oficiales puede ascender a diez.
No obstante, la reivindicación de la AUGC no se queda sólo en los policías que podría recuperar si la Policía Canaria desempeñase sus funciones propias, sino que van aún más allá. Según precisa el sindicato, sólo la vigilancia del domicilio del presidente del Gobierno canario le cuesta en dietas a la Guardia Civil unos 12.000 euros mensuales. Esto sin contar, subrayan, que los guardias que están haciendo este trabajo no pueden realizar otra función.
Con todo, no parece que esta demanda de la Guardia Civil vaya a ser resuelta, por lo menos, de momento, si se atiende a las declaraciones realizadas en los últimos días por el presidente canario y por el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad regional, José Miguel Ruano.
Ambos dirigentes han insistido en que el principal cometido de la Policía Canaria, al margen de su participación en actos como la Bajada de la Palma, será la vigilancia del trapicheo de drogas en las puertas de los colegios. Por tanto, todo hace indicar que habrá que esperar, por lo menos a que el Cuerpo General de la Policía Canaria aumente su número de agentes, para ver a sus agentes desempeñando las funciones que ahora hace la Guardia Civil.
Cabe recordar al respecto que, según datos facilitados la pasada semana por la Delegación del Gobierno en Canarias, la Guardia Civil contaba en diciembre de 2009 con 3.511 efectivos, mientras que la Policía Nacional disponía de 3.248 agentes.