La validez y eventuales efectos del establecimiento de las llamadas "aguas canarias" dependen, en esencia, de que ningún vecino de España -ni la propia Unión Europea (UE)- impugnen la declaración unilateral que el Congreso aprobará con esta finalidad, previsiblemente, el próximo mes.

Éste es uno de los pocos aspectos en los que coinciden los expertos y políticos de todos los signos que, en cambio, atribuyen muy distintas consecuencias y alcances al acuerdo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Coalición Canaria (CC) en el marco de las negociaciones por las que los nacionalistas se comprometieron a votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 (PGE) -salvando así al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero- a cambio del compromiso de los socialistas para desbloquear la ley que permitirá delimitar los espacios marítimos de las Islas. Los nacionalistas aseguran que "están a punto" de firmar la enmienda que permitirá la aprobación de la ley -y que es conjunta con el PSOE-, por lo que confían en que estará presentada la próxima semana.

La idea es que España establezca un perímetro alrededor de las Islas dentro del cual todo el mar pasará a llamarse "aguas canarias" y donde el Archipiélago y el Estado podrán ejercer competencias en función de su reparto actual, si bien ese trazado "no alterará la delimitación de los espacios marítimos de Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del derecho internacional vigente".

Polémica

Las valoraciones de ese acuerdo oscilan entre las duras críticas del Partido Popular (PP) de Canarias, que alega que sólo es una "cortina de humo", pues carecerá de toda validez legal ante la comunidad internacional -con lo que justificó, en parte, la ruptura del pacto de gobierno que tenía con CC-, hasta la defensa, con distintos matices, de los nacionalistas y los socialistas, además de otras posturas intermedias.

Y es que la polémica es inevitable porque, tal y como acota el catedrático en Derecho del Mar de la Universidad de La Laguna, Eladio Arroyo, el derecho internacional concede la posibilidad de fijar ese perímetro sólo a los archipiélagos que son estados, como Indonesia, pero no a los que pertenecen a un país continental, como Canarias. En cualquier caso, España en esto sólo sigue el sendero abierto por otros países.

El diputado socialista por la provincia tinerfeña, José Segura, recuerda otros casos equivalentes en Australia, Portugal -con Azores y Madeira-, Dinamarca -con las islas Feroe-, Noruega -con las islas Spitsbergen- o Ecuador -con las islas Galápagos-.

Arroyo cree que el acuerdo sí tendrá valor, "pero sólo hasta que algún vecino lo impugne". El primero en hacerlo, adelanta, será Marruecos. Pero no será el único.

El catedrático ve que la propia UE también podría pedir su anulación, pues la futura ley supondría un incremento "monumental" del territorio español en las Islas con "importantes consecuencias económicas" ya que, por ley, parte de la financiación de las autonomías depende de la extensión de su territorio. "La UE jamás concedería esa situación", alerta.

Además, la futura ley, según el secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, permitirá a las Islas reclamar para sí competencias que ahora ejerce el Estado en las aguas de las Islas.

Pero Ríos cree que la futura ley también dará pie para exigir el traspaso de otras competencias que Canarias y el Estado tendrán que discutir más adelante. Su cuantificación económica, en todo caso, será posterior.

Segura también ve positivo el acuerdo porque el Estado ganará una importante extensión de mar, pero niega que vaya a suponer un nuevo traspaso de competencias.

Para Segura, el acuerdo no es el último paso de un proceso por el que el Estado amplía su territorio en Canarias sobre las aguas adyacentes, sino otro eslabón más de una cadena de actuaciones que llevarán a España a extender su soberanía, pero que requerirá la negociación de futuros convenios internacionales. Los vecinos, concede, pueden impugnar la futura ley.

glosario

Términos clave

Los términos que manejan expertos y políticos son difíciles de entender para la mayoría, por lo que cuesta comprender sus argumentos. Aquí se explican los principales conceptos en breve.

Aguas interiores: se fijan con la bajamar o con una línea muy próxima a la costa. El país ejerce la soberanía al ser su territorio.

Línea de base: separan las aguas interiores del resto, que comienzan a partir de ellas. Aguas territoriales: las que están en las 12 millas que rodean las líneas de base. Se asimilan al territorio, pero con limitaciones.

Aguas archipielágicas: separan las islas que forman un Estado de este tipo, como Indonesia -pero, no Canarias-. No son territorio, pero el país las controla.

Perímetro (o contorno perimetral): delimita las aguas archipielágicas. Va de isla a isla.

Aguas internacionales: son de varios países, que pueden pescar o transitar sin ser molestados. Incluyen los océanos. Zona Económica Exclusiva (ZEC): las 200 millas que rodean la línea de base. Da derecho preferente a explotar los recursos del mar y los fondos marinos.

reivindicaciones

Más competencias

Una de las principales expectativas que abrirá para CC la futura ley que delimitará los espacios marítimos de Canarias es la modificación de la normativa estatal vigente relacionada con cuatro aspectos importantes que el Estado se reserva para sí, pero que los nacionalistas consideran que deberían ejercer las Islas.

Se trata de las leyes y reglamentos que dejan en manos de la Administración central la gestión -en el mar- de los parques nacionales, los espacios naturales, el emplazamiento y la explotación de los parques eólicos y el aprovechamiento de los yacimientos de hidrocarburos.

Son normativas cuya validez el Archipiélago ya ha cuestionado ante la Justicia y que comportarán, previsiblemente, un proceso de negociación paralelo con el Gobierno nacional que podría abrirse de inmediato.

Menos claro está el traspaso de otras funciones, como los vertidos, que ahora mismo están en manos de las dos administraciones. La persecución de los que se producen desde los barcos entran en el ámbito estatal, mientras que los ocurren en las Islas y llegan al mar son competencia de Canarias.