El sistema de financiación de los partidos tiende a perpetuar a los grandes, que ya disponen de una estructura estable y representación institucional, y no impone controles severos a las aportaciones y donaciones que reciben para afrontar los gastos de las campañas electorales.
Son dos de las principales conclusiones a las que llegan tanto un experto en asuntos tributarios -el secretario general del Sindicato de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), José María Mollinedo-, el analista electoral, Pedro Lasso, y el secretario de Organización del Centro Canario (CCN), Benito Codina, que, en cambio, abogan por soluciones diferentes para abordar una situación que coinciden en calificar de injusta.
La financiación electoral está regulada desde 1985 por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General -LOREG-, que este año sufrió sus últimos cambios. La norma fija que los partidos pueden recibir subvenciones o aportaciones privadas (donaciones).
Así, los partidos reciben dos tipos de financiación. A diferencia de lo que pasa en el modelo anglosajón -sustentado básicamente en las aportaciones de carácter privado- o del alemán -donde las entidades públicas dan lo mismo a los partidos que lo que consigan ellos por su cuenta-, en España coexisten las aportaciones públicas -siempre vinculadas a la representatividad que obtengan- y las privadas -que hacen las personas físicas y jurídicas-.
Tres líneas.- Las aportaciones públicas tienen tres líneas: las subvenciones anuales, las aportaciones a los grupos políticos con que cuentan los partidos en cada institución -ayuntamientos, cabildos o el Parlamento- y otras subvenciones que se dan como asociaciones privadas.
Las subvenciones, a su vez, pueden proceder del Estado -de las que un tercio se reparten según el número de escaños obtenidos y el resto en función del número de votos- y también de las autonomías. Son de dos tipos: por gastos y por mailing. En ambos casos, solo van a los partidos que tengan representación en las instituciones, lo que excluye tanto a los de nueva implantación como a los que no superan las barreras electorales.
En el caso del Parlamento de Canarias, por cada escaño los partidos recibirán en las próximas elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo cerca de 19.500 euros -el cuarto valor más alto en el ámbito nacional- (ver cuadros anexos) y por cada voto válido, 73 céntimos de euro -la octava posición nacional-.
Además, recibirán más fondos provenientes del mailing por el número de personas que tienen derecho al voto en cada circunscripción y en función del porcentaje de votos obtenidos.
Además de esas subvenciones, los partidos cuentan con los anticipos, que son importantes dado que no tienen grandes fuentes de financiación propias.
Los anticipos les permiten tener acceso a un montante equivalente al 30% de la subvención que hayan percibido en los anteriores comicios.
Las donaciones, por su parte, tienen tres limitaciones. Para empezar, no pueden ser anónimas. El benefactor siempre debe identificarse, si bien hay que aclarar que este requisito no significa que la identidad del donatario se haga pública para cualquiera, sino tan solo que el donante debe acreditar -a efectos de la verificación contable que realiza el Tribunal de Cuentas (TC)- el origen de los fondos.
En la última reforma de la LOREG también se estableció un límite específico para las donaciones cuando se trata de las campañas electorales: solo pueden ascender a 10.000 euros por persona.
A lo largo del año -fuera del período electoral- cada persona física o jurídica puede aportar hasta 100.000 euros a un partido -excepto cuando se trate de bienes inmuebles cedidos a través de herencias- y en el caso de las fundaciones, hasta 150.000 euros, por lo que todas las fuerzas políticas las tienen, ya que les permiten recibir más dinero proveniente a través de esta vía. Finalmente, tampoco pueden ser donantes las empresas que tengan contratos con las administraciones o empresas públicas.
Los partidos deben registrar las donaciones en una contabilidad separada al resto de la financiación y toda la información contable de las organizaciones políticas (las cuotas de afiliados por un lado y las donaciones por otro) debe remitirse al TC cada año, que las audita para verificar que cumplen la ley.
En mucha menor medida, los partidos españoles también logran fondos mediante aportaciones privadas, que incluyen tanto sus actividades promocionales -como cenas organizadas o loterías- y las cuotas de los afiliados, que son muy bajas -se calcula que solo contribuyen entre el 20% y el 25% de ellos-.
Desigualdad.- Todo esto deja claro que los partidos que carecen de representación institucional compiten en condiciones mucho más desventajosas que el resto, porque el sistema lastra la posibilidad de que consigan recursos para enfrentar una campaña electoral al dejarlos excluidos del reparto de los fondos públicos.
Y es que como las aportaciones de recursos públicos están vinculadas a la representación en las instituciones, el sistema tiende a perpetuar la ventaja de las formaciones principales y dificultan que los partidos nuevos y los minoritarios compitan con ellos.
Se trata de una ventaja con la que juegan las mayores formaciones políticas y que está financiada con fondos públicos, lamenta Pedro Lasso. Codina incide en que el sistema obliga a todos los ciudadanos, sin excepción, a pagar la campaña del Partido Socialista Canario (PSC), el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC). "Lo que reciben los tres por cada cargo electo o por subvención sale de los impuestos", insiste.
Pero el sistema de financiación tiene otro aspecto negativo: la fiscalización de esos ingresos. Al terminar el proceso electoral hay que presentar las cuentas al TC, pero en la práctica -lamenta Codina- las entidades privadas pueden omitir declarar en algunos de sus gastos -como los de publicidad- las cantidades destinadas a un determinado partido político a través de la vía "B".
"Sobre el papel, el sistema es bastante saneado, pero luego la realidad es otra: el sistema no es tan limpio como parece", admite Mollinedo. "Hay casos de corrupción donde se mezcla la financiación de los partidos políticos, que necesitan para mantener un cargo público del que algunos se lucran indebidamente", lamenta.
¿Y qué se puede hacer?.- Las respuestas varían en cada caso. Codina aboga por que haya "libertad con transparencia". Cuando hay restricción, explica, va en la naturaleza humana tratar de evitarla, lo que conduce a la picaresca. "Los elementos restrictivos no favorecen para nada la transparencia y son una clara cortapisa para partidos de corte nacionalista -como el suyo- porque no pueden hacer frente a la campaña".
El problema es, explica, que la ley impide a las empresas destinar -y declarar- una aportación por encima del límite establecido para contribuir a la campaña de cualquier partido. Si fuera posible, añade, todos los electores conocerían de quién sale el dinero que financia la campaña de cada formación política.
En línea con estas ideas, Codina defiende la supresión de las ayudas públicas para financiar campañas. "Lo que no se puede admitir en una situación de crisis como la actual es que se pague más de 19.500 euros por escaño". "Hay que suplantar este sistema por el de financiación privada y que los partidos se busquen la vida", pide.
Lasso incide en que el problema es que el sistema exige obtener, al menos, un representante para obtener una indemnización. "Si sacas 300.000 votos, pero no sacas un diputado, no recibes un duro", explica.
"Solo reciben dinero por votos y por diputados los partidos que hayan obtenido al menos un diputado y si no, ni te enteras", explica. Codina ratifica que CCN o Nueva Canarias (NC) no tienen derecho al anticipo en las próximas elecciones autonómicas porque no obtuvieron participación parlamentaria en las de 2007 "a pesar de que obtuvieron más de 100.000 votos sumadas ambas fuerzas".
Sobre el anticipo, Lasso apunta que tienen carácter "reintegrable", de tal forma que lo reciben y luego rinden cuentas: "Si tienen que devolver, devolverán, pero pueden financiarse la campaña con tan solo los anticipos".
Mollinedo admite que "lo deseable" sería aligerar la carga económica de la Administración en la financiación de los partidos, pero duda de que las propuestas de Codina y Lasso sean viables.
Lo más transparente.- "Hacer más visibles las donaciones e identificar la fuente frente a la ciudadanía sería lo más transparente, no hay duda, pero sería problemático que todo el mundo tuviera que declarar sus aportaciones", señala. "Obligaría a las empresas a retratarse, lo que choca con el derecho de la intimidad y es cuestionable que la transparencia deba estar por encima de la intimidad", opina.
Para Mollinedo, lo ideal sería que los partidos, como los sindicatos, se autofinancien, "pero la realidad es que la afiliación es muy baja y tampoco aporta mucho a sus arcas".
El primer paso para conseguir más transparencia es que todos los cargos públicos hagan una declaración de bienes (ahora solo están obligados a hacerla los altos cargos del Gobierno central y de algunas autonomías, pero no los diputados del Congreso) para que conste cuánto tenían al llegar y cuánto al salir. "Pero una declaración que refleja la realidad: la información que se suministra ahora no es buena porque remite a valores catastrales que suelen ser muy bajos", critica Mollinedo.
"La ley está bien, si se cumple", añade. "Pero no es así. ¿Por qué? Es debido a la dimensión de los partidos, que se ven obligados a buscar más fuentes de financiación de las que reciben", afirma Mollinedo. "Los grupos terminan financiándose con dinero que no pueden recibir y las donaciones dejan de ser tales y se convierten en pagos en los casos de corrupción", lamenta.
Por eso, habría que intensificar los controles del TC de manera que se garantice que ese tipo de prácticas no ocurran, por lo que habría que dotarlo de más instrumentos y recursos para que su labor no se limite a vigilar la contabilidad, sino que hagan una investigación de las actividades y actuaciones de los partidos". Mollinedo es consciente de que para que esto salga adelante se necesita voluntad política en los partidos grandes. "Digan lo que digan, las fuerzas políticas no quieren cambiar el sistema electoral porque la tarta entre tres es más que entre cinco", asevera Lasso con resignación.
"Pero ha habido avances previos", matiza Mollinedo. "Antes, las donaciones podían ser ilimitadas en la cuantía, anónimas, y las podían efectuar empresas con contratos públicos: todo eso está prohibido ahora". "Pero es verdad que queda mucho camino por recorrer", admite.