El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un plan de ''disciplina presupuestaria'' por el que se inicia la disolución de dos empresas públicas, tres fundaciones públicas, y se encomienda a estudiar la de una sexta entidad y que se suma a la ya iniciada en los tribunales de Proyecto Monumental Montaña Tindaya, según ha informado el consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo, Jorge Rodríguez.

La medida, según indicó Rodríguez en rueda de prensa, supone la reducción del 22 por ciento de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma. Asimismo ha anunciado que a partir de este jueves "se suspende" toda aportación económica a otras cinco entidades con "desequilibrios financieros", ya que tienen de plazo hasta el 20 de abril para presentar un plan de viabilidad.

El impacto sobre puestos de trabajo es "nulo", ya que las entidades afectadas carecen de plantilla, dijo el consejero para repetir que "algunas tienen gastos, pero no personal". "En ningún caso más de diez", apostilló. Actualmente la comunidad tiene 32 empresas públicas, aunque la cifra asciende hasta las 76 si se cuentan las participadas.

Las sociedades afectadas por la disolución son las fundaciones canarias para la Promoción Educativa, para el Conservatorio Superior de Música de Canarias, para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias y de las entidades públicas Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur S.A. Asimismo se conmina a Economía y Hacienda y al área de Turismo que estudien la disolución de la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, la Naturaleza y el Ocio (Saturno). Todos estos procesos de extinción se unen al de PMMT cuya disolución ya ha sido solicitada por vía judicial.

De igual forma, las empresas que tendrán que hacer un plan de viabilidad antes del 20 de abril son la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan), Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan), Hoteles escuela de Canarias (Hecansa), Cartográfica de Canarias (Grafcan) y Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR). "Si no lo hacen, tendrán que cerrar", ha afirmado Rodríguez para insistir en que el Gobierno "va en serio".

En este punto el consejero quiso explicar que algunas tienen deudas y que esta situación deberá solventarse. Pueden oscilar entre los 100.000 y los 300.000 euros, aunque no precisó. El incumplimiento por estas entidades con desequilibrios financieros de esta senda de reducción sólo podrá responder a razones excepcionales de interés público y deberá contar con la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

De igual forma tampoco quiso detallar Rodríguez lo que costará a las arcas públicas la disolución de las empresas y fundaciones públicas. Eso sí afirmó que hasta 2014, el Gobierno canario se ahorrará 82 millones de forma directa y otros 14 vía encomienda, lo que suma 196 millones de euros. El Ejecutivo se ahorrará en 2012 entre 25 y 30 millones de euros, según Rodríguez.

El consejero también señaló que a medio y largo plazo el Gobierno estudiará nuevas "fusiones o reorientaciones" de las empresas públicas. Aquí dijo que se debe analizar rigurosamente y puso el ejemplo de los patos, "que caminan, vuelan y nada", pero que tal vez para volar prefiramos "un halcón". Con el símil quiso indicar que habrá que estudiar si interesa fusionar dos entidades y si no habrá riesgos.

EL PROCESO

El acuerdo aprobado define una senda de reducción del 45% en cuatro años de los costes públicos directos que generan las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad Autónoma, lo que equivale a 82 millones de euros de ahorro. La senda descrita en el acuerdo prevé reducir en un 15% en el ejercicio 2012, un 5% de reducción en 2013 y otro 5% en 2014.

Esta "senda" de reducción supondría un ahorro del 25% en los costes públicos que genera la actividad de las empresas públicas y fundaciones a la Comunidad Autónoma, ahorro que se sumaría al aplicado ya en el Presupuesto de 2011, y que supone para este ejercicio un recorte del 21,3% en la aportación pública a las 32 entidades que integran el sector público empresarial y fundacional autonómico.

A esta reducción se debe añadir, otros 14 millones de euros que se pretenden recortar a las cantidades de encomiendas de gestión que se encarguen desde las Consejerías a las empresas públicas.

PLAN DE SANEAMIENTO

Rodríguez también ha explicado que el plan de viabilidad de las empresas debe ajustarse a una senda de reducción de las aportaciones públicas. Concretamente, en 2012 se recortará en un 15% la aportación, en 2013 en otro 5% y en 2014 de nuevo un 5% más. También se prevé un recorte progresivo de las cantidades que se ingresan a estas seis entidades públicas de la Comunidad Autónoma en forma de encomiendas de gestión, de modo que en 2012 estas queden reducidas en un 5%, en 2013 otro 5% y en 2014 un 4%.

Por último, señalar que con esta medida se da cumplimiento a los compromisos asumidos, ya que el Acuerdo 1/2010 de 22 de marzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se aprueba el Acuerdo Marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013, así lo determina.