"A pesar de los esfuerzos presupuestarios realizados, se sigue constatando un desfase entre la oferta de vivienda de titularidad pública destinada al alquiler y la demanda". Así se expresa en su último informe al Parlamento de Canarias el Diputado del Común, que asegura que esta situación, "lejos de disminuir, parece aumentar año tras año".

La institución mantiene un contacto "prácticamente diario" con "personas y familias que, además de atravesar situaciones de grave necesidad, en muchos casos desde hace muchos años, padecen la carencia de un hogar digno donde habitar". A tenor de las quejas recibidas por el defensor del pueblo canario, "son muchos los núcleos familiares que, no pudiendo acceder por distintos motivos a viviendas acogidas a la protección pública, deben dedicar un importantísimo porcentaje de sus menguados ingresos a sufragar los costes de una vivienda en el mercado libre". También son muchas, añade, las que "por el mismo motivo se ven obligadas a solicitar acogimiento" en casas de familiares y amigos.

El panorama que en materia de vivienda dibuja el Diputado del Común no es nada halagüeño. Alcaide lo relaciona con un problema aún más amplio: el recorte de fondos para la protección social. A su juicio, "ante la presente crisis es preciso reforzar el estado social, de manera que la actual coyuntura económica no suponga un recorte de las partidas presupuestarias de las áreas sociales, sino, al contrario, un reforzamiento de las mismas".

En este sentido, el comisionado del Parlamento cree "evidente que el reconocimiento del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y el fomento de su efectivo ejercicio suponen un reto que han de ir afrontando y superando los poderes públicos". Alcaide defiende la necesidad de "desterrar la idea de que el disfrute de una vivienda que reúna las debidas condiciones sea un privilegio o una mera mercancía de lujo, cuando lo cierto es que es un derecho social".

En este escenario, la modificación de las ventajas fiscales para la compra de una vivienda no convence al Diputado, que augura que la eliminación de desgravaciones "va a suponer un obstáculo para muchas personas cuya aspiración era hacerse con la propiedad de una vivienda", mientras que "está por ver" que represente un estímulo para la reactivación del mercado del alquiler.

Durante el año 2010, el Diputado del Común volvió a detectar un "generalizado retraso" en los procedimientos de concesión de ayudas económicas a los inquilinos. "Los motivos de las dilaciones son variados, pero puede afirmarse que la carencia de medios personales, materiales y económicos es la causa que produce, en la mayoría de los casos, los referidos retrasos", argumenta Manuel Alcaide en su informe.

Por ello, reclama que se adopten medidas para solucionar este problema mediante una mejora de los procedimientos de tramitación, "haciéndolos más ágiles", que podría acortar los plazos de resolución y abono de las cantidades económicas.

También observa el Diputado del Común "una sustancial modificación" del perfil del ciudadano que solicita información o presenta reclamaciones en materia de vivienda, un fenómeno que atribuye a la gravedad de la crisis. "Muchas familias que hasta ahora se estaban moviendo en el entorno de las rentas medias o medias-bajas están pasando graves dificultades para hacer frente al pago del arrendamiento de su vivienda", expone.