El Gobierno de Canarias acordó una retención de créditos por 43,5 millones de euros vía ley presupuestaria para hacer frente al recorte de los fondos del Estado. El problema, se explica desde el área de Economía y Hacienda, es que "bajo ningún escenario" el Ejecutivo canario estimó que la bajada de las transferencias estatales alcanzaría los 800 millones de euros, que es el 12% de las cuentas canarias -última estimación que, con toda seguridad, aumentará debido al reciente anuncio de otro recorte adicional por parte del Estado en materia de sanidad y educación en torno a los 10.000 millones para todo el país-. Así, el margen de actuación que se dio la comunidad con la congelación esos créditos de forma preventiva resulta insuficiente, lo que obliga a los consejeros a "mirar con lupa" cada gasto que autorizan estos días hasta saber qué pasará con las cuentas canarias.

El Gobierno autonómico, explican desde la propia Administración, preveía la posibilidad de que las partidas cofinanciadas con el Estado pudieran reducirse para 2012, y por eso aprobó la retención de crédito a la espera de que se defina el escenario de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Afecta por completo a las inversiones, que están ahora en el aire, así como algunos gastos.

Las partidas incluidas en la retención de crédito son las que dependen de ingresos estatales y que el Ejecutivo regional temía -al elaborar las cuentas a finales de 2011 para este ejercicio- que pudieran fallar debido a la inseguridad que generaba un eventual recorte de los PGE.

De esta manera, la no disponibilidad de esos créditos recae sobre los fondos cofinanciados con carácter finalista -para un objetivo concreto-, como es el caso de los convenios plurianuales, pero hay excepciones. Una de ellas es que la comunidad tenga certeza de que recibirá el dinero -lo que ahora mismo es justo el problema-; que sea inevitable hacer frente a compromisos legales o contractuales con esos fondos, o que la paralización de estos recursos dé lugar a perjuicios graves que originen responsabilidades para las Islas.

Aparte de las inversiones, la congelación afecta también a todas las actuaciones vinculadas a los convenios, como las políticas activas de empleo.

"El Gobierno canario pensó que podía haber una bajada de los fondos provenientes del Estado que, con independencia de su cuantía final -seguramente estimó que podría ser más-, iba a ser capaz de corregir con esos 43,5 millones, pero lo que nunca pensó es que la disminución presupuestaria rondaría los 800 millones", insisten.

La caída de 450 millones de la financiación autonómica -que va destinada a los servicios públicos- "sorprendió" al Ejecutivo autonómico, que también se vio superadas sus expectativas más sombrías con los fondos recibidos a través de los PGE -de donde salen la mayor parte de las inversiones-.

"Parecía exagerado creer en diciembre pasado que el Posei o el convenio de infraestructuras turísticas irían a cero", explican. "Se esperaba una caída, pero no de este volumen, por lo que tendrán que adoptarse medidas adicionales tanto en la vertiente de los ingresos como en los gastos", añaden. O lo que es lo mismo, habrá más impuestos y más recortes. "Por esto es que la situación es tan grave", justifican.

En todo caso, se aclara que el mayor volumen de gasto no ocurre en ningún ejercicio al inicio, sino al final del año. Es a partir del segundo semestre cuando la certificación de obras cobra importancia, por ejemplo. Por este motivo, indican desde el Ejecutivo, "el Gobierno no está paralizado, solo se pararon los proyectos de inversión, pero es verdad que hay que recomponer las cuentas", se explica. "Ahora se va con una "prudencia tremenda" con las autorizaciones de gasto.

Cabe recordar que ningún cargo público relevante se había atrevido a decir con tanta claridad la realidad del Gobierno regional hasta ahora como el director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, que el miércoles pasado admitió sin rodeos que el Ejecutivo está en estado "shock" tras calcular que tendrá que prescindir de unos 800 millones. Matos, en concreto, reconoció que todo el presupuesto de su departamento está bloqueado y auguró que no habrá área alguna que no resulte afectada por los recortes.

En estudio

El propio Ejecutivo regional admite que trabaja sobre las medidas que debe poner en marcha para hacer el ajuste, pero se resiste a anunciarlas todavía. Ayer mismo se celebró el último Consejo de Gobierno y al término de la reunión el portavoz oficial, Martín Marrero, aseguró, por una parte, que el Ejecutivo es consciente de la gravedad de la situación por lo que ultima ya esos ajustes, pero al mismo tiempo dejó sin aclarar cuándo se adoptarán y anunciarán.

El Gobierno canario es consciente -como todos los partidos en las Islas- de que es muy improbable que el borrador de los PGE dé un vuelvo importante que revierta la situación, por lo que piensa que el escenario final será muy similar al planteado ahora -si es que no queda exactamente igual-. Pero Marrero se limitó a informar de que el Ejecutivo sigue "estudiando" subir los impuestos, bajar las bonificaciones o acordar nuevos recortes "lo antes posible".