Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) solicita que los consejeros del Cabildo que votaron a favor de iniciar el recurso contra las prospecciones petrolíferas, asuman el pago de las eventuales costas que pueden ascender a más de 600.000 euros.

Según AMF, este recurso, "lo único" que va a dilucidar es si son suficientes o no las correcciones medioambientales propuestas pero que "en ningún caso" va a servir para evitar las prospecciones. Los dos autos dictados por el Tribunal Supremo en estos últimos días respecto a los litigios por la impugnación de los Reales Decretos de 2001 y 2012 que autorizan la investigación de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, han puesto de manifiesto la más que "probable derrota" del recurso presentado por el Cabildo Insular de Fuerteventura.

Según apunta la formación conservadora en una nota, el Tribunal Supremo ha dejado muy claro que en la sentencia de 2004 no se había anulado todo el contenido del Real Decreto de 2001, sino "únicamente" la parte de las labores a realizar del tercer al sexto año --dos prospecciones a 3.500 metros-- y en base a que no se habían presentado las medidas medioambientales exigidas por las leyes, pero que la autorización en sí está en vigor "y es inatacable".

En esa línea, afirman que no es necesario iniciar otro procedimiento de adjudicación sino que lo que hay que hacer es acompañar las medidas medioambientales exigidas por la normativa, que es precisamente lo que hace el nuevo Real Decreto de 2012, en palabras del Tribunal Supremo.

El Supremo deja sólo para la discusión de este recurso, si las medidas medioambientales propuestas son suficientes o no. "A esto es a lo que se va a reducir el nuevo recurso, a ver si son suficientes las medidas medioambientales propuestas o si, por el contrario, hay que adoptar más medidas, pero en ningún caso impedir las prospecciones", señalan.

Esto pone de manifiesto, a juicio de AMF, que la mayoría de gobierno del Cabildo ha estado "engañando" a los ciudadanos indicando que con el recurso se pueden "evitar" las prospecciones, cuando en realidad lo "único" que se va a discutir es si son suficientes o no las correcciones medioambientales propuestas.

Como cualquier vencimiento va con imposición de costas, las del propio Cabildo están asumidas oficialmente por encima de los 120.000 euros, y como los contrarios probablemente sean cuatro --el Gobierno central y las tres empresas concesionarias--, tal como dejan acreditados los abogados contratados para tal defensa en su oferta técnica, en AMF creen que "esta aventura" le puede costar unos 600.000 euros a la corporación insular.

DEFENSA JURÍDICA

"Esto es así porque el Cabildo de Fuerteventura lo ha querido voluntariamente, pues ha contratado la defensa jurídica en 80.000 euros [que se convierten en 94.000 euros con el IVA], cuando el Cabildo de Lanzarote, como consta en un decreto de su Presidente, ha contratado lo mismo por 21.000 euros.

Por ello, AMF ha presentado una moción ante el Pleno del Cabildo con el objeto de que los consejeros que votaron a favor de iniciar dicho recurso sean quienes asuman el pago de las eventuales costas, pues no merece el pueblo de Fuerteventura "cargar con tal descalabro".