El Gobierno de Canarias remitirá hoy al Tribunal Constitucional (TC) su anunciado recurso contra la ley de reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert, que, a juicio del Ejecutivo regional, invade competencias autonómicas y vulnera el principio constitucional del derecho efectivo a la educación. Así lo anunció ayer el consejero de Educación, José Miguel Pérez, tras la celebración del Consejo de Gobierno en que se aprobó esta actuación.

Pérez también detalló alguna de las medidas adoptadas para "amortiguar los efectos más negativos" de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

El consejero ha expresado varias veces su intención de combatir las consecuencias más perniciosas de la ley "con la ley en la mano". Ayer profundizó en esta línea y adelantó que, ante el retraso que sufrirá el desarrollo autonómico del currículo de Primaria -publicado hace menos de una semana en el BOE-, el Gobierno trasladará a los centros escolares que "no es preciso cambiar los libros de texto" para adquirir los adaptados a la nueva ordenación. "A las familias les vendrá muy bien", apostilló.

"Somos gente de orden y no vamos a ir a las barricadas. El que se ha tirado al monte es el Gobierno de España al aprobar una ley que desmonta el avance que habíamos conseguido en educación y debilita el derecho a la educación", argumentó Pérez.

La interposición del recurso se produce al límite del plazo establecido para ello, que vence el próximo lunes, y de forma casi simultánea a los presentados por Andalucía y Asturias.

Si el TC admitiera a trámite las alegaciones de Canarias a la Lomce, esta no quedaría suspendida en ningún aspecto, tal y como sí ocurre con las disposiciones autonómicas recurridas por el Estado. "No tenemos esa atribución", explicó José Miguel Pérez.

El Gobierno canario tampoco puede "todavía" tomar medidas para reducir la carga horaria de la asignatura de Religión, algo que está estudiando Andalucía al amparo de su Estatuto de Autonomía y su ley educativa. El "todavía" se debe a la posibilidad de que la futura ley canaria de educación amplíe las competencias de la Administración autonómica en ese y otros aspectos.