El abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc), José Luis Langa González, denunció la falta de transparencia del Estado en la publicación del proyecto de Real Decreto de la Ley de Costas.
El letrado, en una rueda de prensa celebrada ayer, explicó que el documento fue publicado el pasado 11 de marzo de una forma "oscurantista", ya que el Gobierno central no dio la publicidad necesaria "a las instituciones, ni los ciudadanos, ni a los medios de comunicación" para que pudieran presentar alegaciones al mismo, cuyo plazo finaliza el 2 de abril.
En este sentido, Langa criticó que se trata un plazo "insuficiente", ya que el "denso" documento consta de "232 artículos y treinta disposiciones".
Destacó que en el proyecto que desarrolla el reglamento de la actual Ley de Costas no se ha modificado nada en lo que respecta a Canarias, ya que continúa sin contemplar su singularidad.
"No se modifica nada; sigue sin tenerse en cuenta a Canarias; desde el Gobierno central siguen ignorando nuestras singularidades y que somos el territorio español con más costa", destacó el abogado, quien consideró que con esta norma "el Estado convierte la propiedad privada en concesiones administrativas".
Por ello, anunció que solicitará "una reunión con todas las instituciones y partidos políticos para presentar alegaciones antes del 2 de abril". En este sentido, señaló que ya se ha reunido con el presidente del CCN, Ignacio González, y con Román Rodríguez, de Nueva Canarias.
"Pediré una reunión también con Asier Antona (PP), Julio Cruz (PSOE), el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero", señaló.
"No podemos permitir -continuó- que se toque ningún pueblo pesquero de Canarias. Y nadie me callará la voz mientras esté al frente de la plataforma".
El letrado también anunció que volverá a solicitar la creación de una comisión mixta en la que estén representados los ayuntamientos canarios, los cabildos, el Gobierno y la propia plataforma de afectados.
José Luis Langa recordó que, según sus estimaciones, hay cerca de 150.000 canarios afectados por la Ley de Costas.
Respecto a los núcleos costeros que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial solicitó al Estado que fueran regularizados, el letrado aseguró que aún no se ha emitido ninguna respuesta al respecto.
Cabe recordar que la modificación de la norma del Gobierno central contemplaba la regularización de los núcleos poblacionales urbanos consolidados que estuvieran en la zona de servidumbre.