Las ayudas a los municipios que cuentan con parques nacionales en su territorio se han convertido en un constante quebradero de cabeza para el Gobierno regional. A la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el reparto de las subvenciones de 2009 se suma ahora la devolución al Estado de los 1,25 millones de euros que debían distribuirse con cargo a la convocatoria de 2010 y que el Ejecutivo no justificó en tiempo y forma.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ya advirtió hace unos meses de que la consecuencia de la no justificación de esta subvención podía implicar la prohibición de participar en sucesivas convocatorias estatales, como así ha ocurrido.

"No sé quién es el responsable, pero lo cierto es que el dinero no se repartió", asegura el presidente de la Comisión de Parques Nacionales de la Fecam -y alcalde del municipio gomero de Agulo-, Néstor López, quien cifra entre 3 y 4 millones de euros las ayudas que han dejado de cobrarse desde que este problema administrativo ha dejado a las Islas fuera de estas convocatorias, ahora suspendidas.

López cree que el origen del problema se sitúa en la ruptura del pacto de gobierno que, hasta 2010, mantenían Coalición Canaria y Partido Popular. El Ejecutivo explicó a finales de 2012, en una respuesta a la diputada del PP Milagros Bethancourt, que en noviembre de 2011 consiguió reunir la cantidad necesaria para tramitar y conceder las subvenciones, pero la orden de la Consejería de Economía y Hacienda que regulaba la ordenación contable del presupuesto de ese mismo año le impidió disponer finalmente de los créditos.

La Consejería de Sostenibilidad solicitó entonces a la de Economía y Hacienda una excepción a esta normativa. Cuando le fue concedida la autorización, "ya no era materialmente posible" realizar la adjudicación, tramitación y abono de las ayudas, argumentó el Gobierno en su contestación a la parlamentaria popular.

Estas subvenciones apoyaban iniciativas públicas y privadas que buscan modernizar las infraestructuras, promover la conservación o restauración del patrimonio natural y arquitectónico o el desarrollo de actividades económicas basadas en usos tradicionales en estos espacios protegidos.

La imposibilidad de disponer de estos fondos es uno de los factores que han llevado a la Fecam a reactivar su demanda de que se les permita cobrar a los turistas por el acceso a los parques, una reclamación que, por el momento, ha sido desoída por el Gobierno de Canarias, lo que ha obligado a la Fecam a recabar el apoyo de la Asociación Estatal de Municipios con territorio en Parques Nacionales (Amuparna).

"La propuesta está encima de la mesa -afirma Néstor López-, y si se nos responde que no es posible, que el Gobierno ponga el dinero o nos exponga una alternativa, porque los parques necesitan cuidados, investigación y medios contraincendios y los sueldos del personal hay que pagarlos".

A juicio del alcalde de la localidad gomera, existe una "deuda histórica que hay que pagar" con los municipios canarios que cuentan con parques nacionales.