La Comunidad Autónoma de Canarias invirtió en la justicia gratuita un total de 15,6 millones de euros en 2013, casi un millón de euros menos que en el año anterior (un 6,7% menos), tras dos años de crecimiento continuo, y destaca por ser la quinta comunidad que más ha descendido con respecto a 2012, según refleja el VIII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y el sello editorial LA LEY, del grupo Wolters Kluwer.
Cambia así la tendencia alcista que registraba el Archipiélago tras dos años consecutivos de crecimiento en la inversión de justicia gratuita (2% en 2011 y 5% en 2012) con un descenso de cerca del 7% que supone una reducción de un millón de euros.
Preguntado por el origen de ese descenso, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf), Víctor Medina Fernández-Aceytuno, lo vincula directamente a la bajada en la minuta que cobran los abogados por realizar este tipo de trabajos.
"La reducción se ha hecho con cargo a los letrados y a la bajada de los baremos aprobada por el Gobierno de Canarias", afirmaba ayer Medina, antes de detallar que los baremos son los importes que se pagan a los abogados cuando realizan servicios enmarcados dentro de la justicia gratuita.
"Los casos no han descendido, de hecho todo indica que van cada vez a más por las tasas judiciales, pero el Gobierno canario quiso reducir costes, aludiendo a que no tenían dinero, y tiraron directamente de lo que ganaban los abogados restándoles una parte", insistía ayer el decano de los juristas tinerfeños, que no duda en asegurar que: "Los abogados que trabajaban en la justicia gratuita antes cobraban un miseria y ahora es todavía mucho peor".
Víctor Medina reconoce estar molesto con la medida tomada por el Gobierno autonómico y sobre todo con la idea de que se haga ver como un ahorro.
"Es un dinero que se les ha quitado a los abogados. Porque si no se atienden las listas de espera ni ponen médicos sustitutos también se ahorran dinero, pero eso no se hace, ¿verdad?", se cuestiona.
Así, puso algunos ejemplos sobre el cambio de baremos, indicando que los letrados han pasado de percibir por un servicio de guardia 208 euros a 192, o 91 en vez de 99 euros por asistir a un detenido.
Un procedimiento de Familia pasó de conllevar una retribución de 417 euros a 300, uno abreviado de 281 euros a 253 y un procedimiento penal general de 448 euros a 414.
A pesar de todo, el informe del Consejo General del Poder Judicial asegura que Canarias es la quinta comunidad que más invierte en Justicia, siendo Cataluña y Andalucía las que más fondos destinan a la justicia gratuita.