El Ayuntamiento de Agulo ha suspendido el servicio del Centro Infantil municipal hasta conocer la sostenibilidad financiera del mismo, de acuerdo a lo establecido en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobadas por el Gobierno del Estado, según confirmó ayer en un comunicado.
El servicio del Centro Infantil de Agulo presta una labor para las familias del municipio y ha sido costeado íntegramente con recursos propios, sin recibir aportaciones de otras administraciones, por lo que se han visto obligados a replantear su permanencia y estudiar su viabilidad.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local persigue clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, de forma que se haga efectivo el principio de una Administración, una competencia, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
De acuerdo a la aplicación de esta ley, la Corporación local se ve obligada a realizar un estudio de impacto económico y sostenibilidad financiera del Centro Infantil en las cuentas municipales de cara al próximo ejercicio.
Para el ayuntamiento "es inconcebible" que se le aboque a suspender un servicio tan importante para cumplir con los criterios de una ley que no tiene en cuenta el fin social que persigue el mismo.
La institución local critica que las administraciones "hayan mirado para otro lado con respecto a la financiación del Centro Infantil y no aporten absolutamente nada para su mantenimiento" y asegura que "un centro infantil no puede valorarse por criterios de rentabilidad económica".
"Nos vemos obligados a suspender ese servicio hasta comprobar si realmente es sostenible desde el punto de vista financiero ante la falta de ayudas de otras administraciones. Lo más absurdo todavía es que se intente aprobar una ley de ayuntamientos por el Gobierno de Canarias que propicie que estos asuman más competencias sin ficha financiera, lo que nos llevará a menudo a situaciones muy parecidas a esta", apunta el comunicado de prensa.