La aportación que tienen que hacer los usuarios canarios que se beneficien de recursos o prestaciones enmarcadas dentro de la ley de dependencia trae de cabeza a las instituciones de las Islas, fundamentalmente a los cabildos y a las entidades que prestan los servicios, que aseguran desconocer qué tienen que hacer, cuándo, cuál es su responsabilidad e incluso con qué financiación se cuenta.

No obstante, desde el Gobierno de Canarias, el director general de Dependencia, José Gilberto Moreno, anunció ayer la disposición del Ejecutivo a "retrasar la entrada en vigor del decreto -prevista para el próximo mes de enero- si hay consenso en que es necesario más tiempo para aclarar su aplicación".

"El problema que nos hemos encontrado es que hay dudas sobre cómo poner en marcha el decreto que se publicó el 2 de octubre. El Gobierno tiene unos convenios con los cabildos: nosotros tenemos la financiación de las plazas de día y residenciales y los cabildos retrotraen de la parte del costo para realizar la cofinanciación. Como ahora se pasa a una cantidad específica, los cabildos nos dicen que no saben cómo suplir el desfase que va a existir entre el coste de la plaza y lo que tienen que cubrir. Tampoco saben a quién le corresponde calcular la parte del usuario, así que no vamos a hacer nada sin que esté consensuado entre todos", declaró ayer Moreno.

Aunque desde el Cabildo de Tenerife su vicepresidente, Aurelio Abreu, valoró positivamente la disposición del Gobierno, insistió en que "técnicamente es imposible que el decreto entre en vigor porque la cartera de servicios no está definida, no existe financiación adecuada para poner en marcha el copago y los gastos de los usuarios no están acordes a la realidad".

Además, aseguró que esto se hubiera evitado si se hubiera contado con los cabildos y los municipios "y el Gobierno no hubiera actuado a sus espaldas en todo lo relacionado con dependencia", por lo que abogó por la creación de comisiones técnicas (una por cada isla) que aclaren la participación de la Fecam, los municipio y las entidades que prestan servicios".