El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad la Ley de ley de participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, que establece que el ejecutivo deberá consultar sus opiniones en las políticas económicas y de empleo.

En el debate final de esta ley, que fue promovida por los grupos socialista y nacionalista, fueron rechazadas varias enmiendas del PP con las que pretendía que se incluyera en la participación institucional a las organizaciones más representativas de los trabajadores autónomos.

La Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias se aprueba en cumplimiento de los cuartos acuerdos de concertación social, que fueron firmados hace diez años.

La norma regula los cauces de consulta y participación previa de empresarios y sindicatos en las políticas del Gobierno de Canarias relacionadas con el trabajo, el empleo, las empresas de economía social, la prevención de riesgos laborales, el trabajo de los inmigrantes, la formación profesional y cualquier otra política laboral o social.

La norma establece órganos colegiados para analizar las políticas sociales y económicas y para que los agentes sociales hagan llegar sus propuestas y opiniones al ejecutivo.

La Ley establece que con carácter anual se evaluará el funcionamiento de los órganos colegiados de participación institucional.

También se fija que la participación institucional "conllevará la correspondiente compensación económica" que se abonará directamente a empresarios y sindicatos en el primer trimestre de cada año.

Con esta norma, se eleva el diálogo social a una norma legal de obligado cumplimiento, subrayó la diputada del PSOE Gloria Gutiérrez.

Esta Ley es "la arquitectura de la participación, pero lo fundamental es la voluntad política para dar contenido real a la misma y que se aplique en toda su potencialidad", dijo Gutiérrez.

La diputada del PP Aurora del Rosario consideró una necesidad esta ley, pero defendió que la participación de los agentes sociales debe incluir a los trabajadores autónomos, a los que también les afectan las políticas económicas y de empleo del ejecutivo.

"Es cierto que ninguna otra ley autonómica de participación incluye a los autónomos", pero la estructura del mercado laboral está cambiando y "hay que ser vanguardistas", defendió Aurora del Rosario.

Gloria Gutiérrez rechazó la propuesta porque los grupos que apoyan al Gobierno han querido respetar al máximo el texto de la proposición de ley, que había sido consensuado con sindicatos y empresarios, de manera que en el trámite parlamentario sólo se han aceptado enmiendas técnicas sugeridas por el Consejo Consultivo.

José Miguel Barragán, de CC, descartó la presencia de los autónomos porque ellos ya cuentan con un consejo representativo de los trabajadores autónomos estatal para tratar sobre sus problemas particulares.