La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias ha acusado hoy al Parlamento autonómico de aprobar una ley arcaica y obsoleta, propia del siglo XX, en la que se excluye a este colectivo de trabajadores de los canales de participación con la administración autonómica.

El Parlamento ha rechazado finalmente incluir a los autónomos en la Ley de participación institucional, que se limita a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, lo que deja esta norma como un mecanismo más para financiar con los presupuestos públicos a empresarios y sindicatos, según ATA.

Esta nueva norma establece que la participación institucional "conllevará la correspondiente compensación económica", que se repartirá a partes iguales en el primer trimestre de cada año a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

En Canarias hay 110.000 autónomos que no son "ni obreros ni patronos", pero son los que generan empleo en un momento en el que las empresas y las administraciones públicas los destruyen, ha afirmado en declaraciones a Efe Juan Carlos Arricivita, presidente de ATA Canarias.

La organización de autónomos hizo llegar a los grupos parlamentarios su demanda para que se incluyera a este colectivo laboral en los procesos de participación para el diseño de políticas económicas y laborales públicas, pero sólo el PP atendió ese requerimiento y presentó enmiendas.

Las enmiendas del PP, en la oposición, fueron rechazadas porque los grupos del Gobierno no querían alterar su compromiso previo con los empresarios y los sindicatos, con los que se había pactado el texto, según explicó la diputada del PSOE Gloria Gutiérrez durante el debate parlamentario.

Arricivita agradeció al PP que hubiera atendido su propuesta y reprochó a los demás grupos que mantengan estructuras de representación social del siglo XX, sin atender a que la sociedad y el mercado laboral ha cambiado profundamente y bloqueando la participación de cientos de miles de personas.

La Ley aprobada hoy establece que el Gobierno de Canarias deberá consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas las políticas relacionadas con el trabajo, el empleo, las empresas de economía social, la prevención de riesgos laborales, el trabajo de los inmigrantes, la formación profesional y cualquier otra política laboral o social.