Durante la campaña y la negociación del pacto CC-PSOE, ambos partidos no han parado de presentar el área social como uno de los pilares para los próximos 4 años. Los socialistas han reclamado su gestión con ahínco no solo a escala regional (y un gran ejemplo es la disputa en torno al IASS en el Cabildo tinerfeño) y las dos formaciones han recalcado que la primera ley de enjundia que se aprobará será la de Servicios Sociales. Sin embargo, el programa incluye otras muchas medidas en este ámbito, entre las que destaca el aplazamiento del decreto del copago (93/2014) "en tanto se establece el coste real de los servicios".
Poco más añade el proyecto gubernamental sobre dicha cuestión, pero, de cumplirse, sería una clara diferenciación respecto a la visión del PP sobre ciertos fármacos y la cobertura universal.
Además, se apuesta por "planificar y poner en marcha un plan contra la soledad de los mayores, que acoja su acompañamiento e incentive el envejecimiento activo". La Comunidad se suma así a algunos ayuntamientos que ya han previsto medidas de este tipo.
La citada normativa llevará el título de Ley Canaria de Servicios Sociales y se fundamentará en los principios de universalidad, globalidad e igualdad. Pretende cubrir una cartera básica de derechos sociales y le da especial relevancia a la dependencia y la discapacidad. De hecho, se subraya que se ha de "desbloquear y poner en marcha" la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal, concebida como "necesaria y prioritaria". Para ello, plantean ampliar los servicios residenciales para mayores, mejorar la coordinación entre cabildos y Comunidad y adaptar la norma al "hecho geográfico diferenciado".
En esta apuesta, CC y PSOE consideran que se ha de aportar un servicio único de valoración que reúna los actuales de dependencia y discapacidad. También ampliarán el servicio a domicilio, tienen claro que se ha de profundizar en la transparencia para que el ciudadano conozca cómo va su expediente en todo momento y tratarán de integrar la discapacidad en el sistema de la dependencia. En este sentido, se considera crucial permitir el trabajo trasversal y el acceso a los recursos teniendo en cuenta siempre la realidad social y económica de cada usuario para garantizar al máximo su autonomía personal.
También en dependencia, se pretende "incorporar cláusulas sociales en los contratos, impulsar la accesibilidad universal de los eventos y espacios públicos, ofrecer viviendas accesibles y garantizar una educación en igualdad, así como fomentar las tecnologías accesibles". Esta clara apuesta por el llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar se completa con la elaboración de un catálogo de servicios de dependencia, "garantizando financiación y prestación".
Por supuesto, el programa mira también a los menores y, aparte de comprometerse a cumplir el Pacto Canario por la Infancia, considera necesario un nuevo modelo de intervención en este campo a incluir en la nueva ley, así como fijar un protocolo de protección de datos, un censo de menores en poblaciones transitorias, potenciar la acogida familiar, reducir los trámites burocráticos en adopciones e incorporar a los menores a la ley de violencia de género.