"El problema no es el número de personas que hay en lista de espera, sino el tiempo que permanecen en ella sin ser atendidas". El consejero de Sanidad, Jesús Morera, que compareció ayer a petición propia en comisión parlamentaria, planteó las principales líneas de trabajo de su equipo para la legislatura que acaba de comenzar y volvió a insistir en que, a su juicio, el problema de la sanidad canaria es de acceso y no de calidad de la prestación. Por ello, uno de los principales retos que planteó es reducir de seis a dos meses el tiempo que una persona espera para que se le realice una intervención.

Según los últimos datos publicados por la Consejería -30 de junio-, un paciente tarda casi seis meses en operarse, un tiempo medio que, consideró, es inaceptable, igual que lo es el que soportan los enfermos oncológicos. "La espera no puede superar los 30 días en ningún caso".

Para alcanzar estos objetivos, Morera apeló a la complicidad de los trabajadores del Servicio Canario de Salud (SCS) y anunció su intención de normalizar la apertura de quirófanos en horario de tarde. "Algunos servicios ya lo están haciendo, pero no puede ser algo puntual", explicó.

El principal problema que tendrá el consejero para acometer sus propósitos será, una vez más, el económico. Morera cifró en 400 millones el recorte que ha sufrido la sanidad pública en el Archipiélago durante los últimos seis años y no escondió que las limitaciones presupuestarias seguirán condicionando el margen de acción del Gobierno. No obstante, a pesar de las restricciones, estuvo en disposición de anunciar que el Plan de Urgencias ya cuenta con director y estará listo el próximo junio. El encargado de darle forma será Octavio Jiménez, exgerente del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Mientras el plan se diseña, adelantó, se articularán distintos protocolos para evitar las saturaciones que se producen desde hace años cuando se incrementa el número de usuarios.

Además de solucionar los problemas coyunturales a los que se enfrenta la sanidad canaria, Morera quiso ser ambicioso "dentro de la prudencia" y habló de la necesidad de incidir en la prevención para atajar problemas graves como la obesidad, que lejos de reducirse se está incrementando entre los más pequeños. El empeño del consejero llega hasta tal punto que está dispuesto, incluso, a intentar que se lleven a cabo políticas transversales que aborden las prioridades del Régimen Económico de Abastecimiento (REA).

Uno de los primeros logros que, previsiblemente, alcanzará este equipo será la aprobación del III Plan de Salud, que lleva años postergándose y está a punto de llegar al Parlamento. Morera dijo que el texto no ha sufrido modificaciones y que espera que sea refrendado y puesto en funcinamiento. No fue capaz de cuantificar el coste porque su desarrollo está estrechamente ligado con la totalidad del presupuesto del SCS, pero prometió elaborar una guía que detalle cómo se va a priorizar el contenido del citado plan. Dentro de él, la salud mental cobrará un protagonismo especial: tendrán más desarrollo las unidades para niños y jóvenes y se potenciará el papel de los consejos insulares, prometió.

Desde 2012 los trabajadores públicos han perdido salario, pero también han visto cómo se incrementaban las jornadas y perdían días libres. El consejero de Sanidad anunció ayer que tiene intención de convocar a los sindicatos y de elaborar un calendario para "la devolución" de esos derechos.

Las medidas de racionalización del gasto, impuestas por el Gobierno central, han empeorado las condiciones laborales de los empleados públicos de todas las áreas. Morera es consciente de que para mejorar la calidad del sistema necesita dinero, pero sobre todo el apoyo de la plantilla. De ahí que se haya planteado como objetivo restaurar esos derechos.

En cuanto al presupuesto, desde su punto de vista solo hay una forma de garantizar la correcta financiación de la sanidad canaria, con independencia del gobierno que esté: anclándola al REF.

Además de mejorar la carrera profesional y de evitar que los puestos de dirección o gerencia caigan en manos de personas poco cualificadas para ello, el consejero quiere que se establezca un sistema para la evaluación de las competencias profesionales. No está de acuerdo, eso sí, con la posibilidad que se ha barajado de que este papel recaiga en los colegios profesionales.