No habían sido valorados o no recibían aún la prestación económica legalmente establecida. Al menos 2.469 dependientes murieron en Canarias durante 2013 y 2014 sin gozar de la cobertura legal que da la ley y que está diseñada para garantizar la promoción de la autonomía personal. En concreto, 266 ni siquiera habían sido valorados y 2.203 a los que ya se les había reconocido el grado de dependencia no contaban con Programa Individual de Atención (PIA), es decir, no percibían ayuda económica.

Los derechos y prestaciones a los que tiene derecho cada persona son determinados a través del PIA, que establece la cartera de servicios que corresponden a cada afectado en función del grado y nivel de dependencia reconocido. Este programa incluye el estudio y el análisis de la capacidad económica del beneficiario, además de la determinación del importe de la prestación económica que debe percibir.

Los datos, facilitados por la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno canario a instancias de dos preguntas solicitadas por el diputado de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez, son solo una muestra de las enormes dificultades de las administraciones para abordar un problema muy vinculado al envejecimiento de la población. Por un lado, se requiere más personal para acometer todas las evaluaciones y, por otro, el presupuesto se ha desvelado manifiestamente insuficiente para hacer frente al coste económico de esos derechos reconocidos, lo que ralentiza el proceso hasta tal punto que muchas personas mueren sin poder beneficiarse. La directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez, admite la complejidad de gestionar un servicio como la dependencia, que arrastra muchas deficiencias en las Islas.

"Soy algo escéptica con los datos más actuales, porque tenemos un problema con los 9.000 dependientes que aparecían como beneficiarios y no lo eran", cuenta, en relación al error estadístico del Ejecutivo anterior. Aun así no esconde que el trabajo en materia de dependencia es enorme. "Es evidente que los datos son bastante escalofriantes. Nuestro reto es que esto no siga ocurriendo y que la ley de dependencia funcione". Cuando este equipo llegó a la Consejería de Políticas Sociales, "no había dinero para dar más altas". La ley de crédito extraordinario aprobada por el Consejo de Gobierno esta semana -y que en breve llegará al Parlamento- incluye 1,9 millones de euros para el área de dependencia. En concreto, casi un millón se destinará a pagar a comunidades de herederos. "Más de 200 familias cobrarán este año".

Cuando una persona fallece, si tiene el PIA aprobado, y hay retrasos acumulados en el cobro por demoras en la gestión, la comunidad de herederos tiene derecho a demandar esa deuda. En cambio, a las personas que fallecen sin tener este programa resuelto la ley no les reconoce derecho económico, a pesar del esfuerzo económico que hayan tenido que hacer sus hijos, nietos o hermanos. De ahí la importancia de tramitar los expedientes en tiempo y forma.

1.244 días esperando por la ayuda

El tiempo de espera de una persona por la resolución del expediente de prestación de la Ley de Dependencia es de 1.244 días en Canarias, según la consulta de la Consejería de Políticas Sociales de la base de datos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), dependiente del Ministerio de Sanidad. "Esos son los tiempos que hemos recibido, pero cualquier plazo superior a seis meses es inadmisible y está fuera de la ley. Esta Consejería tiene años de retraso. Hay 12.000 personas con la dependencia reconocida y esperando por el PIA. De esos muchos tendrán que volver a ser valorados, porque ha pasado el tiempo y previsiblemente habrán empeorado", lamenta Álvarez.