El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha anunciado hoy que se reunirá este lunes con los grupos políticos del Ayuntamiento de La Oliva para abordar la situación creada ante la negativa de Domingo González Arroyo de acatar su inhabilitación como alcalde.
Hernández Bento ha explicado en una rueda de prensa que el objetivo de este encuentro es informar a los portavoces de los grupos políticos del Consistorio sobre los pasos que se deben dar para que se normalice la situación y se cumpla la legalidad, ya que el líder del partido PP Majo, González Arroyo, no es ya el regidor del municipio, según lo ha hecho constar la Junta Electoral Central.
Esto deben tenerlo "claro" los miembros de la Corporación, que debe convocar un pleno extraordinario para tomar razón del nuevo concejal del PP Majo acreditado por la Junta Electoral, Rafael Benítez, proceder al cese formal de González Arroyo y nombrar al nuevo alcalde.
Así mismo, ha advertido que si alguien se opusiese a este proceder o se diera alguna "artimaña", el alcalde en funciones, Pedro Amador, "porque Domingo ya no lo es", debe comunicar a la Delegación del Gobierno esas circunstancias y pedir auxilio a la Policía Local de La Oliva para desalojar a González Arroyo del Ayuntamiento.
Hernández Bento ha añadido que, en el caso de que el jefe de la Policía Local o cualquier funcionario se negara a acatar las órdenes de alcalde en funciones, también se debe poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno para su remisión a la Fiscalía, por si procediese algún tipo de actuación contra estas personas.
El delegado del Gobierno ha señalado también que no le consta que esa situación se haya producido y ha insistido en que es el alcalde en funciones el que debe ejercer la autoridad de la que está revestido y comunicar a la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía de las circunstancias que se producen en el Consistorio.
Hernández Bento ha manifestado que la situación generada en La Oliva se resuelve con el cumplimiento de la ley, pues no es una cuestión de "a ver quien tiene más testosterona" ni tampoco de "entrar con las tanquetas de la Guardia Civil en el Ayuntamiento".
Ha informado de que desde la Delegación del Gobierno se han remitido varios requerimientos al pleno del Ayuntamiento para informar de los pasos que debía dar y ha recordado que, tras la modificación de la Ley de Régimen General Electoral, quedó claro que se produce la incompatibilidad para ejercer cargo público cuando cualquier responsable público es condenado en primera instancia en vía penal.
Además, se ha requerido el acta del pleno convocado por Domingo González Arroyo el pasado lunes, ha indicado Hernández Bento, quien ha manifestado que los funcionarios o responsables políticos que hayan participado en decisiones que pudieran tener algún tipo de repercusión desde el punto de vista económico pueden estar incurriendo en una causa en la que se les pueda exigir alguna responsabilidad.
Ha insistido en que su función es trasladar a la Fiscalía esta situación, porque la Junta Electoral Central ha sido determinante y Domingo González Arroyo ya no es el alcalde de La Oliva.
Hernández Bento también ha informado de que la Delegación del Gobierno ha recibido varios escritos de Votemos sobre este asunto y que le ha comunicado como se debe proceder.