Canarias contará con 823 plazas más para atender a personas dependientes este año. La nueva oferta alojativa, que se repartirá por todo el Archipiélago, es "equivalente a la apuesta realizada durante toda la legislatura pasada" y se pondrá en marcha con el apoyo de todos los cabildos. Así lo explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno canario y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, que volvió a admitir la precaria situación de la dependencia en las Islas e insistió en su intención de transformar este escenario durante su mandato.

"El Gobierno ha hecho un esfuerzo económico y ha aceptado la propuesta de los cabildos. Ellos han fijado el tope de plazas; no hay más porque ellos no tenían disponibilidad", especificó Hernández. "Para el Ejecutivo es un prioridad absoluta atender a las personas en situación de dependencia y así ha quedado reflejado en los presupuestos".

Las plazas concertadas entre cabildos y Gobierno son financiadas entre todas las partes. La cuantía que aporta cada administración varía en función del tipo de plaza que se habilite, ya que no es lo mismo una de día que otra residencial. Para afrontar este aumento de la oferta, la Consejería destinará alrededor de 8 millones de euros solo durante 2016.

Según el último informe del Imserso, Canarias es la comunidad con más personas con el grado de dependencia reconocido que no reciben prestación. En concreto, algo más del 40% no cuenta con prestación económica.

Un ejemplo de esta intención de transformar el escenario actual es la firma esta misma semana de la resolución que regula la unificación de los criterios a la hora de reconocer el grado de dependencia de los menores con cáncer y que será de aplicación inmediata. La consejera lamentó la disparidad de criterios mantenida hasta esta semana entre los centros base de ambas provincia, que son los encargados de hacer las valoraciones. Esta diferencia a la hora de aplicar la normativa ha hecho que menores de la provincia oriental no obtuvieran este reconocimiento, lo que ocasionaba un grave perjuicio a las familias. El grado de discapacidad otorga una serie de ventajas fiscales y ayudas, todas ellas imprescindibles para afrontar la enfermedad.

las claves

En colaboración con los cabildos. La Consejería ha aumentado el número de plazas demandadas por las corporaciones insulares. Las 823 estarán listas este año.

Financiadas entre ambas administraciones. El coste de las plazas, que varía en función de si son residenciales o de día, son asumidas por Ejecutivo y cabildos.

Otro sistema para adjudicar fondos de la PCI

El Gobierno canario y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) están diseñando un nuevo sistema para adjudicar los fondos de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). La vicepresidenta del Ejecutivo, Patricia Hernández, explicó ayer que este modelo incluirá variables como la cifra de demandantes de empleo o de receptores de la PCI durante los últimos tres años.

El objetivo de este cambio es que el presupuesto para esta partida sea más eficiente, ya que se han detectado casos de municipios que "inflan" datos de beneficiarios de PCI para recibir más fondos o trabajadores sociales contratados gracias a esta partida que desempeñan otras labores. Hernández expuso la situación ante la pregunta del diputado de Nueva Canarias Luis Alberto Campos, en una comisión parlamentaria celebrada ayer. El portavoz criticó que se destinen demasiados fondos a la gestión de la PCI y no a la dotación de la ayuda. Además, reiteró la certeza de su grupo de que el dinero presupuestado este año -la mayor cantidad desde que existe la ayuda- es insuficiente. "No llegará hasta verano, y si lo hace será porque se dejarán de dar nuevas altas", alertó.

La consejera insistió en su confianza en los cálculos hechos por el Gobierno del que forma parte. "Si pensáramos que no iba a ser suficiente habríamos destinado más. Este gobierno ha demostrado su apuesta por la PCI y por quienes la necesitan", concluyó.