El Diputado del Común de Canarias ha lanzado una alerta en su informe anual -presentado esta semana en el Parlamento regional- sobre el incremento que han experimentado los embargos de sueldos, salarios y prestaciones sociales, un aumento que "va más allá de los límites fijados por el ordenamiento jurídico vigente" y que resulta especialmente preocupante en "las circunstancias económicas actuales".

La institución que dirige Jerónimo Saavedra -equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunidad autónoma- tramitó 301 quejas relacionadas con las administraciones económicas durante 2015, de las que 194 se plantearon ese mismo año y el resto procedía del anterior. La mayoría de ellas tiene que ver con "la exigencia indebida de tributos", sobre todo del Impuesto de Bienes Inmuebles, las plusvalías municipales y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. A continuación se sitúan las quejas por el excesivo retraso en resolver las solicitudes de devolución de los ciudadanos, así como en reintegrar a estos las cantidades que han ingresado después de que se les reclamaran sin motivos.

El Diputado ha observado en el último ejercicio una tendencia al alza de las notificaciones tributarias publicadas en boletines oficiales -tanto en la vía voluntaria como en la de apremio-, un medio al que "los ciudadanos no suelen acudir", de manera que tienen "la primera noticia de su deuda, además de los consiguientes recargos e intereses, cuando se les detraen cantidades de su cuenta corriente".

Estos indicios llevaron al órgano dirigido por Saavedra a iniciar una investigación de oficio al organismo Valora Gestión Tributaria de Gran Canaria, dependiente del cabildo de esa isla, de la que se concluyó que el 41% de los expedientes en apremio de 2012, el 39% de 2013 y el 43% de 2014 se habían notificado en el Boletín Oficial de la Provincia. El proceso derivó en una resolución en la que se recomendaba a Valora tomar medidas para extremar el rigor en las notificaciones e intentarlas en el domicilio correcto antes de acudir a la publicación en boletines, un consejo que fue aceptado por la entidad.

"Es destacable la pasividad de algunas administraciones públicas por la falta de contestación a las solicitudes, cuestiones y recursos presentados por los ciudadanos en los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico", señala el Diputado del Común en su informe de 2015.

El defensor del pueblo canario recuerda, en este sentido, que "existe, por imperativo legal, la obligación de contestar expresamente" los requerimientos, recursos y peticiones formulados por los ciudadanos.

190.000 euros vuelven a los ciudadanos tras las quejas

Las quejas ciudadanas y la actuación del Diputado del Común permitieron en 2015 que las administraciones devolvieran a los particulares 190.385 euros que les habían cobrado indebidamente. Estas cantidades -a las que hay que sumar los intereses de demora- procedieron, principalmente, del Gobierno canario (155.000 euros). Los ayuntamientos reintegraron 30.700, Valora Gestión Tributaria de Gran Canaria devolvió 4.200 y el Consorcio de Tributos de Tenerife 343.

La "excesiva dilación" en resolver las solicitudes y abonar las cantidades supone "un aumento del gasto público fácilmente evitable", advierte el Diputado.