Representantes de Intersindical Canaria han anunciado hoy el fin de la fase de diálogo con la Consejería de Sanidad y han criticado "el silencio y la inacción" del Gobierno de Canarias para poner fin a los problemas de la sanidad pública en Canarias.

El representante de la federación de Salud de Intersindical Canaria Jaime Bethencourt así lo ha comunicado en una rueda de prensa en la que indicó que IC posibilitó el diálogo con la Administración y que pese a que tenían algunas expectativas de alcanzar compromisos concretos se encontraron con un "absoluto silencio" a las propuestas que presentaron.

Por ello, dio por concluido el diálogo porque el interlocutor "no contesta, no sabe y no reacciona" ante los problemas "evidentes" que tiene la sanidad pública, y consideró que ha empeorado la situación global tanto en lo laboral como en lo asistencial.

Bethencourt afirmó que los partidos políticos han incumplido el compromiso de apoyo a la sanidad pública que contrajeron al inicio de la legislatura, incumplimiento que, según dijo, ha generado una "importante frustración" en los profesionales y los trabajadores que esperaban un cambio de la situación.

El sindicalista dijo que la deuda estatal con la sanidad canaria asciende a 2.400 millones de euros y criticó que el consejero de Sanidad del gobierno regional, Jesús Morera, planteara la condonación de esa cantidad, algo que en su opinión, entra en la "política de lo absurdo".

Propuso la reducción de puestos directivos en el Servicio Canario de la Salud y criticó la falta de conocimientos en gestión de la sanidad pública.

Bethencourt planteó además la necesidad de "aminorar" los compromisos económicos con la sanidad privada y concertada y denunció que el PSOE abandonara el planteamiento que tenía de potenciar la sanidad pública con la reducción de las inversiones en sanidad privada.

Además reprochó la labor del presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, en la coordinación de la política global del ejecutivo.

Cati Darias, también de IC, consideró que Jesús Morera no cumplió con lo que prometió al comienzo de su legislatura, que era la recuperación de los derechos asistenciales de los usuarios y de los derechos laborales de los trabajadores de la sanidad pública canaria.

Darias informó de la mala situación del panorama asistencial, en el que existen unas "abultadísimas" listas de espera y que han aumentado en cuatro días el número de días de espera y criticó que los pacientes son presionados, al cabo de tres meses, para que hagan sus pruebas en la sanidad privada o si no, son dados de baja de la lista de espera pública.

Cati Darias también explicó el deterioro de la atención primaria, la insuficiente dotación de camas hospitalarias y el tratamiento del servicio de urgencias de la "operación de maquillaje" del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias puesto que no consideró que cuente con una ficha financiera adecuada para su desarrollo, cuantificada en 75 millones de euros, y que debería ser "mucho mayor", aclaró.

La representante sindical consideró "una propaganda" el tercer Plan de Salud de Canarias por ser una copia del propuesto en la anterior legislatura y por carecer de posibilidades de ser implantado y advirtió del "cierre masivo" de camas en los distintos hospitales de tercer nivel en todo el archipiélago.

La sindicalista atribuyó a la Consejería y del Gobierno de Canarias la deriva del sector y el "panorama desolador" de este servicio público.

En el ámbito laboral, Patricia Hernández criticó la situación "de esclavitud" del personal sanitario, y el incumplimiento del PSOE de la reducción de la jornada laboral a 35 horas, algo que ha quedado "en agua de borrajas", ya que denuncia que se han impuesto jornadas de más horas (37 horas y media), ahorrando personal y sobrecargando al que se queda trabajando.