El presupuesto regional aprobado por el consejo de Gobierno el jueves para el próximo año incluye un aumento considerable de la partida de Sanidad, que alcanza los 76 millones y que se aleja de los 25 de subida de 2016 respecto a 2015. Sin embargo, aún queda muy alejado de los 240 millones que reclamaba el consejero del área, Jesús Morera, que fue el integrante del Ejecutivo más disconforme o, al menos, menos entusiasta con las nuevas cuentas. Según le consta a El Día, Morera no pudo disimular su contrariedad con la partida con la que contará en 2017, pese a ese incremento. No es que saliese de la reunión frustrado o soliviantado, pero tampoco satisfecho, pues tiene claro que la subida es insuficiente para paliar el desajuste que, cada año, presenta una consejería que, si bien es de las de gasto tendente al infinito, considera que merece un mejor trato. Eso sí, también es consciente de que resulta difícil recuperarse tan pronto de unos recortes estatales que han hecho que, sobre 2009, la bajada alcanzase hasta los 370 millones. Según fuentes del Gobierno, Morera teme que, casi en los primeros meses de 2017, comience a acumularse un creciente desequilibrio entre ingresos y gastos en su consejería, aunque también admite que la situación queda un poco más paliada que este año, cuando se desató una de las discrepancias más profundas entre los socios para la continuidad del pacto por las críticas del presidente y de Hacienda a su gestión. En Sanidad, la sensación que ha quedado es que no se ha afrontado el problema del área con suficiente pujanza y presupuesto, con lo que simplemente se ha postergado. Distinta es la sensación en Servicios Sociales y Empleo, así como en Justicia, otras departamentos del PSOE. Y lo mismo en Educación (CC), que experimenta un aumento de 42 millones, por los que también abogaron los socialistas. En Obras, Puertos y Carreteras, se espera por el nuevo convenio de vías, si bien se intentará lograr una partida prevista para Transportes.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, censuró ayer que el presupuesto sanitario para 2017 parta con un déficit de 175 millones sobre el gasto real de 2016, lo que implica "un mayor deterioro del servicio, condenar a los ciudadanos a más listas de espera e incumplir el Plan de Urgencias y los nuevos compromisos con Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Rodríguez, además, avisa de que mantendrá la exigencia de revisar el destino de los 160 millones del Igte (ahora Fdcan) para invertir una parte de sus fondos en los servicios esenciales.

Según explicó, el SCS tendrá en 2016 un gasto efectivo de 175 millones más que lo presupuestado para 2017 y, para poder cubrir esto, tiene claro que Sanidad necesita que su presupuesto aumente en 250 millones, cuando la subida será solo de 76.

A su juicio, esos 250 millones (casi los 252 en que aumenta la cuenta global), "se afrontarían las necesidades mínimas del servicio, aunque sin garantizar nuevas prestaciones". En cambio, alerta de que el consejero aceptase solo los 76 millones, lo que supone que, "tras pagar la deuda de 50 de este año con las farmacias, quedan solo 25". Un remanente que, en su opinión, se destinará "a las nóminas y poco más del gasto consolidado, mientras que habrá más listas de espera, menos camas hospitalarias, menos profesionales y será imposible desarrollar el Plan de Urgencias y cumplir con los hospitales del norte y sur de Tenerife y los de Fuerteventura y Lanzarote". Asimismo, censura la propaganda del Gobierno con lo de que 8 de cada 10 euros son para gasto social, ya que eso lo marcan las competencias y lo cumplen todas las regiones, mientras las Islas están a la cola en gasto per cápita en áreas básicas.