Las empresas de Lucas Fernández, propietario de Diario de Avisos, tras adquirirlo el pasado año a la familia Bacallado, están siendo investigadas por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.
Dichas empresas, dedicadas a la producción audiovisual, se investigan por decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de esta capital, dentro de una pieza separada de la causa que se sigue en el mismo Juzgado contra Guillermo (Willy) García por su gestión como director general de la Radiotelevisión Canaria, en los años que van de 2008 a 2015, periodo en el que García se hizo cargo de la dirección del ente público, por decisión del entonces presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero.
La policía ha situado en el foco de sus pesquisas a las empresas -todas ellas sociedades limitadas propiedad de Lucas Fernández- vinculadas al Grupo Plató del Atlántico, que en total suman seis sociedades, además de la matriz. Según parece, las sociedades habrían facturado cantidades multimillonarias durante los ocho años de gestión de García, sorteando las limitaciones de contratación por la vía de enmascarar los contratos en un complejísimo entramado societario, del que forman parte Report Line, S.L.; Report Line Producción Audiovisual, S.L.; Rotutac, S.L.; Servicios de Masterización de Canarias, S.L.; Estudios Marketing Huno, S.L., y la propia Plató del Atlántico, S.L.; entidad diferente a Grupo Plató del Atlántico, S.L., manteniendo CIF diferenciados.
Al parecer, la investigación de todas estas sociedades surge como pieza separada de la causa que se ocupa de los contratos presuntamente facilitados por Guillermo García a Francisco Padrón -imputado ya en la causa, y antiguo empleador de Guillermo García y de Lucas Fernández- como consecuencia de una denuncia presentada en su día por un grupo de periodistas tinerfeños, agrupados en torno a la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, un sindicato profesional próximo a Izquierda Unida, cuyo ex secretario general, el abogado Ramón Trujillo, es quien presentó la denuncia.
El Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial solicitó a través de un oficio en marzo de este año la entrega de los originales de todos los contratos firmados por la Radiotelevisión Pública Canaria, entre el uno de diciembre de 2008 y el uno de junio de 2015 con las siete empresas citadas, así como información sobre la forma de pago a esas sociedades (transferencia, talón bancario, pagarés, etcétera) y la aportación de los documentos originales que acrediten los pagos. La policía también ha exigido la entrega por parte de la Radiotelevisión Pública de los registros de emisión y copias de los formatos audiovisuales cuyos derechos fueron adquiridos a las sociedades de Lucas Fernández, es decir, el mismo requisito que fuera exigido en su día para los trabajos facturados por Francisco Padrón, y en los que se basó la juez para imputar al productor y propietario de Canal 7 del Atlántico.
Las primeras dudas sobre la participación del entramado empresarial de Fernández en una operación similar a la realizada por Padrón surgen con ocasión de la investigación sobre éste último y sobre los contratos realizados por Guillermo García con otras empresas, cuando se supo que la empresa Report Line Producción Audiovisual S.L. suscribió, en apenas un año, contratos por valor de 2,2 millones de euros con el exdirector de la Tele Canaria, Guillermo García. Ya entonces llamó la atención uno de los datos de esta serie de encargos en cadena, consistente en que el cinco de enero de 2015, víspera de la festividad de los Reyes Magos, Fernández alcanzara y firmara con García un acuerdo que le reportó de golpe, 812.500 euros por la realización de las tres series "Parranda Canaria", "Abriendo Puertas" y "Venus a la Vista", series que -con posterioridad- no han vuelto a ser renovadas.
La firma de esos contratos se produjo pocos días antes de que García -ya en funciones, e imputado judicialmente por los contratos a Francisco Padrón- abandonase la dirección de la Televisión Canaria. Ninguno de los contratos suscritos por García con Fernández fueron sometidos a la aprobación del Consejo de Administración de la Televisión Canaria, aunque parece que sí eran conocidos por el entonces presidente del Gobierno, Paulino Rivero, y por su consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz.