El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, consideró hoy esencial que el Estado firme este año el nuevo convenio de obras hidráulicas con vigencia de cuatro o cinco años a partir de 2018 y con una inversión de 45 a 55 millones de euros anuales para poder acometer las necesidades de todas las islas.

Quintero hizo este anuncio durante una comparecencia en el pleno del Parlamento en la que negó que haya un desequilibrio inversor en infraestructuras hidráulicas a favor de Tenerife, como denunció la diputada de Nueva Canarias Esther González.

Al respecto, destacó que en los dos convenios de infraestructuras hidráulicas firmados con el Estado, el primero en 1997 y el segundo en 2008, la distribución de fondos fue de 33% para Gran Canaria y casi 28% para Tenerife, mientras que se invirtió el 12% en Lanzarote, el 11% en La Palma, el 8% en Fuerteventura, el 6% en La Gomera y el 1% en El Hierro.

El consejero recordó que el último convenio, firmado en 2008 con vigencia inicial desde 2009 a 2012 y con una financiación de 306 millones de euros, fue reducido posteriormente a 288 millones.

Debido a los recortes presupuestarios, la ejecución del convenio se ha prorrogado hasta este mismo año, en el que aún restan por concluir dos obras, y por el camino muchos de los proyectos no fueron acometidos, para centrarse en terminar las infraestructuras ya iniciadas.

Lo fundamental ahora es firmar un nuevo convenio con el Estado a lo largo de 2017 y tener negociados y redactados los proyectos con los cabildos para poder empezar a ejecutarlo en 2018, subrayó Quintero, y señaló que las infraestructuras son esenciales para poder cumplir con la normativa marco del agua de la Unión Europea.

El ejecutivo ya está concluyendo la segunda ronda de negociaciones con los cabildos y consejos insulares de aguas para definir las prioridades de cada isla, pero sobre todo es necesario que el Estado se comprometa a financiar una cantidad realista de entre 45 y 55 millones de euros anuales, no los 17 millones hasta los que se ha recortado el convenio vigente desde 2012.

Respecto a la ejecución desequilibrada del convenio vigente denunciada por Nueva Canarias, el consejero consideró "malsano" pretender entrar en el pleito insular porque en un año concreto pueda ir más dinero a una isla u otra solo porque en ese ejercicio se ha finalizado y pagado una obra concreta.

Además, las inversiones no pueden ser iguales, porque las necesidades hidráulicas de las islas son completamente diferentes.

Esther González, de Nueva Canarias, aseguró que en los años en los que Fernando Clavijo ha estado al frente del Gobierno de Canarias, de las partidas del convenio se han destinado a Tenerife el 84% de los fondos y a Gran Canaria el 16%.

El Gobierno de Canarias "debe cohesionar" y no "consolidar la hegemonía de una isla sobre las demás", dijo la diputada de NC, y añadió que Clavijo debe interiorizar que es el presidente de todas las islas.

Concepción Monzón, de Podemos, coincidió en que "hay que ser exquisitos" en el equilibrio para que se atiendan las necesidades de todos los canarios.

Mario Cabrera, de CC, insistió en que Canarias necesita este nuevo convenio de aguas, sobre todo en islas en las que ha crecido mucho la población como Fuerteventura.

Tanto Casimiro Curbelo, de ASG, como Luz Reverón, del PP, consideraron esencial el nuevo convenio y destacaron que para ello es imprescindible que se aprueben los presupuestos generales del Estado.

La diputada del PSOE Ventura Rodríguez consideró que la ejecución del convenio ha sido "un desastre", porque termina con nueve meses de retraso y muchas obras han quedado a medias, de modo que instó al consejero a corregir los errores y a negociar un nuevo acuerdo.