CC volvió a perder ayer una importante votación en el Parlamento, aunque, por extensión, también se puede decir que la perdieron el PSOE, el PP y Podemos del Cabildo tinerfeño por lo que hicieron los diputados de sus grupos. La Cámara rechazó (56 votos en ese sentido, 17 a favor y 2 abstenciones) con argumentos contundentes la propuesta de ley defendida ayer por Carlos Alonso y el consejero insular socialista Miguel Ángel Pérez para recuperar los barrancos de Güímar, arrasados por décadas de extracción de áridos. Como tampoco logró el portavoz de CC, José Miguel Ruano, ni Alonso ni Pérez convencieron sobre que quieren que paguen los culpables condenados, si bien sí se apoyó la propuesta del PP de estudiar y buscar soluciones en una comisión.
Alonso reconoció que todas las administraciones han sido culpables de lo ocurrido durante 30 años por parchear y "mirar para otro lado". Eso sí, subrayó que pretenden impedir nuevas extracciones y cumplir peticiones como la de los agricultores. Para reforzar ese acuerdo, citó palabras, entre otros, del portavoz de Podemos en el Cabildo (Savaté), por censurar lo sufrido por Güímar sin recibir nada. A su juicio, en esos huecos "cabe todo, pero no la voluntad de Plasencia o Carlos Alonso".
En una línea muy similar se pronunció Pérez, quien anticipó el rechazo, pero pidió reflexión y que se estudie la iniciativa sin interpretaciones sesgadas o limitadas a 45 caracteres. Un argumento que le negó su compañero Gustavo Matos (PSOE), quien, en un encendido discurso muy aplaudido, dijo que quien afirme que esa ley es la solución "está engañando". Para Matos, esto no debe costar ni un euro a ningún canario, anunciando que el PSOE traerá propuestas y no permitirá que los que destrozaron hagan negocio. Además, criticó duramente a Alonso ("al que el Gobierno ha dejado solo") por "inventar" una enmienda in voce previa a su propia ley para permitir usos turísticos. Asimismo, llamó la atención sobre la ausencia del presidente ("que es diputado y vota") y los consejeros de Industria y Medio Ambiente.
Mario Cabrera leyó un informe que considera inviable el apoyo a la ley y que sostiene que la recuperación podría suponer 360 millones para cubrir 23 millones de metros cúbicos que no se puede afrontar y que hay incompatibilidad competencial.
Aunque se abstuvo, ASG sí apoyó al Cabildo y aseguró que no tiene más opciones para la recuperación, pues no caben los planes urbanísticos, según un informe regional. Román Rodríguez (NC) mostró sus dudas sobre que entre todos los canarios tengan que pagar lo que hicieron unos pocos que, "encima, tienen una sentencia en contra, aunque esto pueda ser precisamente una maniobra para incumplir el fallo". Además, recalcó que solo vale la catalogación como suelo ambiental, no para uso turístico o económico, y que sería el colmo que los que destrozaron "y se hicieron multimillonarios" con este desastre ambiental sean indemnizados por los terrenos que aún tienen o beneficiados por hoteles o usos similares.
Monzón (Podemos) coincidió en mucho con NC, valoró las buenas intenciones de la ley, pero advirtió de sus consecuencias, detalladas "en 3 informes de 3 consejerías".
Tavío (PP) recalcó que la alcaldesa quiere que los culpables paguen y dejó claro que no podían respaldar la iniciativa por su contenido, recordando que se aprobó en su día la corrección sin hacerse nada y que la sentencia debe cumplirse. No obstante, aclaró que tampoco comparten que se pueda seguir extrayendo áridos porque aún no se han agotado los recursos (a diferencia de Riquel) y reclamó que el Gobierno intervenga pactando con el Cabildo la restauración por compartir competencias. Para ello, propuso que se estudie todo en la comisión de cabildos y se busque un acuerdo.
Sin que haya habido precedentes en este mandato, la intervención del consejero de Economía, Pedro Ortega, sobre el reciente acuerdo sobre el REF económico se interrumpió tras su primera intervención y la de Melodie Mendoza (ASG) para ir a comer. A la vuelta, y con la salvedad de Podemos, que reiteró su visión crítica, todos los grupos destacaron el acuerdo.
Ortega subrayó la relevancia de lo aprobado, subrayando el esfuerzo de técnicos, gobiernos, empresarios, sindicatos y demás colectivos coparticipantes. A su juicio, se dará un antes y un después con un REF que incluye todas las reivindicaciones regionales y que cumple la agenda canaria pactada con el PP.
Mendoza mostró su satisfacción tras más de 20 años del REF firmado en 1994, destacó las medidas en favor de la doble insularidad y, no obstante, recalcó que estarán atentos a su cumplimiento y a todo lo relativo a La Gomera.
Román Rodríguez recordó que gran parte del REF no se suele cumplir. Aun así, se mostró satisfecho, aunque lamentó la falta de información a los grupos en contraste con la parte fiscal en el gobierno anterior. Además, exigió el 100% de la subvención para el transporte de mercancías, y no el 70% que, de momento, se fija.
Noemí Santana (Podemos) remarcó que, pese a instrumentos del REF como la RIC, las desigualdades "no han dejado de crecer en Canarias, donde el 0,27% ostenta el 42% de la riqueza". Santana censuró que, como en 1994, se siga distanciando el REF económico del fiscal en favor de las patronales, si bien admitió que tiene muchas cosas buenas, "porque decir lo contrario sería injusto". Eso sí, cree que se ha pervertido su finalidad y se mantienen, por ejemplo, las ayudas a combustibles fósiles.
Manuel Marcos dijo que este acuerdo, del que el PSOE se siente copartícipe, es una "pequeña enmienda a los recortes del PP que tanto perjudicaron". Resaltó la relevancia del reconocimiento de la doble insularidad, pero insistió en que el REF debe fijarse en la Carta Magna. Australia Navarro detalló los avances que este REF implica y lo presentó como un cambio de ley que prueba la apuesta del PP por Canarias, mientras que García Ramos (CC) hizo un argumentado y contextualizador discurso sobre la evolución del REF y los importantes logros del último acuerdo, con matices gramaticales, pero merecedor del 9 que le puso Ortega.
Los 63.000 funcionarios y el presupuesto estatal
Los presupuestos del Estado no rondaron el pleno de ayer solo por las preguntas al presidente, sino que salieron en diversas ocasiones. Como cuando la diputada socialista Carmen Rodríguez preguntó si el Gobierno tiene fecha para aplicar la subida del 1% de las retribuciones de los empleados públicos. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, dijo que hay 63.000 funcionarios esperando y que lo de menos es la fecha, sino si el PSOE apoyará las cuentas para propiciar ese aumento o si, al menos, los diputados socialistas canarios no lo bloquean y se abstienen, entre otras cosas por el REF y los parabienes de unos presupuestos de los que Clavijo dijo que hacen justicia con las Islas.
9 peticiones de nuevos comedores escolares
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, empleó ayer un tono más mesurado al dirigirse a Clavijo en el turno de preguntas (cambio que anunció y explicó por la materia de la que iba a hablar), aunque censuró que el Gobierno ponga excesivo énfasis en planes de futuro y no tanto en reducir, por ejemplo, la pobreza infantil. Así, aludió a los problemas con comedores escolares, a más de un millar de niños que esperan por este servicio en Arona y pidió medidas claves, más allá de programas bilingües que, por supuesto, Podemos apoya. Clavijo le agradeció el tono, dijo que hay 9 peticiones en Educación de nuevos comedores pero ninguna de Arona, y que gestionan con los municipios las mejoras necesarias en los centros para propiciarlos. Sobre Arona, instó a informar al área.
Animales silvestres, saltamontes y varios
Como ocurre los martes, el pleno dio para mucho. Por ejemplo, para que pulularan diversos animales. Melodie Mendoza (ASG) preguntó a Clavijo sobre las medidas para controlar la creciente presencia de animales asilvestrados (como cabras) en parajes protegidos como el de Garajonay. El presidente compartió la preocupación, aludió a diversas actuaciones junto a los cabildos, pero admitió que hace falta una campaña de concienciación ciudadana. Antonio Castro (CC), también se interesó por el trabajo científico en El Remo (La Palma) con una especie de saltamontes desconocida hasta los 90 y lamentó la facilidad normativa para estos estudios y la falta de control público. Además, NC criticó el retraso del puerto de Playa Blanca, Pitti (CC) se preocupó por el futuro del campo y la pesca por el hecho de que el 60% de los agricultores isleños tienen más de 54 años (por encima de la media) y el consejero Quintero remarcó las ayudas a la financiación de proyectos de jóvenes.