El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, ha anunciado hoy que interpondrá una demanda civil y otra penal contra el periódico tinerfeño Diario de Avisos por las informaciones referidas a su implicación en el proceso de selección de la programación.

Negrín, en una comparecencia parlamentaria a petición propia, ha afirmado que se ha sentido sometido a "chantaje y extorsión" y ha asegurado que no va a aceptar presiones mediáticas ni políticas para hacer su trabajo. "Hay que piensa que no soy buen gestor, pero soy el mismo que consideró y validó esta Cámara" ha dicho después.

El máximo responsable de RTVC ha acusado a la consejera María Lorenzo, propuesta en su día por el PSOE, de boicotear el funcionamiento del Consejo Rector del ente. En este sentido, la acusado de hacer 106 solicitudes de información y de realizar ninguna propuesta concreta de mejora. También ha dicho de ella que incumple su deber de fidelidad y de guardar el secreto de los asuntos debatidos en el consejo rector al que está obligada.

Negrín se ha defendido, según informa la agencia EFE, diciendo que solo participó, en calidad de administrador único y con el objetivo de conocer los programas seleccionados, a una reunión del grupo técnico que estudió las diferentes ofertas presentadas.

El directivo de RTVC ha aseverado que nunca ha mentido en la comisión de control parlamentario y ha defendido la transparencia del proceso de selección de la programación que por primera vez, ha dicho, se ha seleccionado después de un concurso de ideas.

En este concurso, el 40 por ciento de las empresas nunca había trabajado en la Televisión Canaria y ha reconocido que tras nueve meses de inactividad, muchas de las empresas ya tenían preparados los proyectos.

"He soportado comportamientos no profesionales" ha agregado Negrín, quién también ha defendido la contratación de cinco editores después de que la empresa adjudicataria de los informativos, Videoreport, decidiera no continuar con la edición de informativos por no estar obligada a ella en el contrato de adjudicación.

Al respecto ha explicado que con el fin de que se pudiera continuar con la emisión de los informativos se contrató a través de una agencia de trabajo temporal a cinco profesionales con experiencia en el medio.

Guadalupe González Taño, del grupo Nacionalista Canario, ha dicho que el modelo ejecutivo de la televisión no funciona y ha augurado que fallará independientemente de quién sea el presidente y los miembros del consejo rector.

La parlamentaria nacionalista ha dado "cierta normalidad" a las presiones que se reciben en el proceso de adjudicación de contrataciones aunque ha aclarado que éstas deben resolverse desde la legalidad y en el caso de que se susciten dudas o controversias se deben resolver en los juzgados.

María Dolores Corujo, del grupo Socialista, ha afirmado que Negrín debe informar sobre las presiones mediáticas y políticas, ha señalado que hay situaciones que se han producido en el ente que avergüenzan y ha requerido transparencia en las contrataciones al tiempo que ha dudado que no estén sometidas la ley de contrataciones del Estado, tal y como ha afirmado el presidente del consejo rector de RTVC.

La parlamentaria socialista ha echado en falta una mesa de contratación en este procedimiento y ha requerido a Negrín que retirara sus críticas contra la consejera María Lorenzo.

Por el grupo Popular, Luz Reverón ha afirmado que desde el control parlamentario se debe garantizar la objetividad y pluralidad de la programación, ha apelado a una reforma de la ley que garantice el servicio público de la televisión autonómica y ha agradecido que la contratación de cinco editores evitara el apagón de los informativos.

Francisco Déniz, del grupo Podemos, ha calificado de "comparecencia descarga" la intervención de Negrín, a quién ha animado a que no aguante chantajes y extorsiones pero ha subrayado que el procedimiento de contratación fue demasiado rápido y eso hace intuir que un grupo de empresas ya tenían sus trabajos preparados.

Ha considerado que se mantiene el oscurantismo en la gestión del ente público y ha aludido a las tareas pendientes como la formación del consejo de informativos.

Jesús Ramón Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, ha abogado por un servicio público que tenga como principios la transparencia y la objetividad y que acerque la realidad social y cultural en las islas.

Asimismo ha compartido que se contratara a los editores para continuar con la emisión de los informativos y ha apostado por un modelo que prime la variedad y la calidad y permita oportunidades de negocio y de empleo.