La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denuncia la gestión de Instituciones Penitenciarias en materia de personal. Este colectivo afirma que, después de cinco años, convocan de urgencia un concurso con el que "no se cubrirán las plazas de los compañeros jubilados ni las de aquellos que pasaron a segunda actividad". Sobre la situación en Tenerife, la APFP dice que en dicha convocatoria solo se prevén cinco plazas para atender las necesidades del centro penitenciario Tenerife II, donde faltan más de 30 funcionarios en las diferentes áreas. Y a las jubilaciones, el paso a la segunda actividad, los fallecimientos o las comisiones de servicio, se añade el progresivo envejecimiento de la plantilla de la cárcel de El Rosario, donde más de un tercio del personal tiene más de 50 años.

Según APFP, este año ha habido varias agresiones graves o de consideración a trabajadores.

Para cubrir las carencias de recursos humanos en el Centro de Inserción Social (CIS) Mercedes Pinto, en la avenida Benito Pérez Armas de Santa Cruz de Tenerife, se van a destinar tres trabajadores públicos. Para la APFP, así, "en el mejor de los casos, seguiremos con la misma escasez de personal con la que ya estamos", donde no se respeta la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El colectivo denuncia el total abandono que sufre este departamento de la administración y pide la "inmediata dimisión" del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo, y la subdirectora general de Recursos Humanos, Ana María Velasco Rodríguez, "por su manifiesta incapacidad y por el total desprecio que con cada una de sus decisiones muestran al colectivo que representan".

La asociación señala que llevan "años y años sin una oferta de empleo público adecuada a la actual demanda del colectivo" para "un funcionamiento adecuado". La oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Ministros para este año ronda las 500 plazas, "que resultan insuficientes para paliar la escasez de personal y hacer frente a la apertura de centros", como los de Archidona (Málaga) o Ceuta, según la APFP. Otro problema es la falta de concursos de traslado, por lo que, a juicio de dicha Asociación, los funcionarios y sus familias están afectados por una especie de "política de dispersión", es decir, con puestos de trabajo situados a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia o de origen. Otra queja consiste en que "estamos condenados a estar fuera del protocolo contra la violencia en el trabajo, a pesar de que somos el cuerpo que más agresiones sufre".