La Fiscalía ha archivado la causa contra el exrector Eduardo Doménech y dos exgerentes por no haber puesto en marcha planes de emergencia o autoprotección en todos los edificios de la Universidad de La Laguna (ULL). La justicia considera que no hay responsabilidad penal, pero advierte de que la institución debe completar los protocolos antes del 30 de junio de este año y que en la actualidad no existen en 25 de sus centros.

El fiscal especifica, no obstante, que su decisión no significa que no exista "la imperiosa necesidad de implantar en la Universidad la normativa de autoprotección, incumplida en 25 centros en los que no se ha implantado el plan, destacándose con carácter prioritario en edificios como los de la facultad de Químicas, Biología, Bellas Artes y el instituto de Enfermedades Tropicales por -en todos, pero especialmente en los citados- el posible acaecimiento de resultados inesperados en situaciones de emergencia, con riesgo para los trabajadores, pero también para los alumnos y las personas que acuden a la Universidad".

La denuncia fue presentada el año pasado por el delegado de prevención del Personal de Administración y Servicios de la ULL, Jorge Sentís Vayreda, ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral. El denunciante aseguró entonces que la institución carecía de la mayoría de estos planes de seguridad laboral y que la ausencia de protocolos individualizados en cada una de las infraestructuras académicas ponía en riesgo" a estudiantes y docentes.

La fiscalía ha dado la razón en este sentido al reclamante y ha recordado a la institución que debe cumplir con le ley. No obstante, no ha considerado que a ese incumpliendo generalizado pueda achacarse un delito penal.

La gerente de la institución, Lidia Pereira, explicó a este periódico que el equipo de gobierno ha entendido como prioridad garantizar la seguridad de las instalaciones desde que empezó este mandato y que ya han aprobado cinco planes y están ultimando ocho más. Su intención es que en breve se liciten cuatro o cinco de estos planes que están en proceso para que puedan empezar a desarrollarse desde septiembre. Advierte, eso sí, de que los plazos establecen un período de 15 meses para su implementación. El coste de esta puesta a punto en materia de seguridad ronda los 108.000 euros.

Además, Pereira sostiene que el compromiso de la ULL con Inspección de Trabajo ha sido validar antes del 30 de junio el plan director de seguridad -"ya funciona, aunque tiene que ser aprobado"- y cuatro protocolos individualizados más. "Hemos actualizado los planes de evacuación e incendios y encargado muchas de las obras necesarias. Aunque no estén aprobados oficialmente, se ha estado trabajando para garantizar la seguridad", asegura. "Ahora hay que hacer todo esto más palpable e informar a la comunidad".

"Lo que estará formalmente aprobado el 30 de junio es el plan de emergencias general, solo falta que pase por el comité de emergencias y seguridad. Además, se van a llevar 4 planes nuevos, de varios colegios mayores, y los de las facultades de Medicina y Bellas Artes."

El fiscal, así y todo, considera que "no puede afirmarse una absoluta carencia de medidas de prevención" en la ULL y valora "la intención de iniciar, un procedimiento abierto de contratación de los planes restantes", pero puntualiza que "la dotación de personal del Servicio de Prevención es insuficiente para los fines que se le atribuyen".

El servicio tiene una dotación de dos técnicos de prevención y un administrativo dependientes de la Dirección del Área de lnfraestructura y Prevención de Riesgos Laborales.