El Consejo de Gobierno tomó ayer en consideración el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales y solicitó, con urgencia, el dictamen del Consejo Consultivo, de forma que el Parlamento pueda comenzar su debate tras el verano.
Así lo destacó en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera regional de Políticas Sociales, Cristina Valido, quien aseguró que el próximo mes de septiembre comenzarán a constituirse las mesas de trabajo encargadas de elaborar el mapa que establecerá la cartera de servicios sociales del Archipiélago.
Se tratará de un catálogo actualizado de todos los recursos sociales que existen en Canarias, en el que se definirá "quién los presta, cómo, cuánto cuestan y de quién es la competencia", entre otras cuestiones, resaltó Valido, quien recordó que la ley en vigor se aprobó en 1987, de ahí que ya no responda a "las nuevas formas de atender a las personas".
La consejera avanzó que el futuro catálogo de recursos sociales del archipiélago conducirá a la revisión de su financiación por parte del Gobierno, ya que "el coste plaza/día se ha ido alejando de la financiación que se recibe". Este incremento de financiación será "asumible" para la administración autonómica y dará "estabilidad" tanto a los recursos como al personal que trabaja en ellos, remarcó.
El Gobierno consideró que el pronunciamiento del órgano consultivo ha de solicitarse con carácter de urgencia, a fin de cumplir los plazos comprometidos ante el Parlamento de Canarias para aprobar el citado Proyecto de Ley.
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda subrayó que "ha cumplido con los trámites preceptivos", entre ellos, la lista de evaluación, en la que se analiza el impacto normativo y financiero del Anteproyecto de Ley y se evalúa el impacto de género, el empresarial y el de familia, infancia y adolescencia, así como los trámites de información pública.
De igual forma, ha solicitado informes al Consejo Económico y Social de Canarias y al Consejo Municipal de Canarias, hasta la fecha no emitidos; al Consejo de Colaboración Insular, respecto de las competencias de los cabildos insulares, emitido con fecha de 4 de julio de 2017, y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los servicios, la Dirección General de Planificación y Presupuesto y la de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.
Valido resaltó que este anteproyecto de ley ha recibido 207 alegaciones, una cifra que ha considerado "bastante baja" si se tiene en cuenta las realizadas en el resto del Estado a iniciativas legislativas similares.
18,1 millones para el mantenimiento
El Consejo de Gobierno autorizó durante la mañana de ayer 18.152.327,19 euros para financiar la continuidad de los servicios sociales comunitarios en el ámbito municipal, informó el Ejecutivo. El crédito se distribuye en dos grandes bloques: prestaciones básicas comunitarias y atención a la infancia y la familia. En cuanto al primer bloque, los servicios sociales comunitarios, la cuantía ascienda a 13.231.170,48. Este bloque se constituye a su vez en tres líneas de actuación: la primera a través del Plan Concertado para el mantenimiento del nivel primario del sistema de servicios sociales y a segunda a la Ley Canaria de Inserción. En el segundo bloque, atención a la infancia y la familia, el Gobierno autorizó el gasto de 4.921.232,19 euros destinados a dar continuidad y estabilidad a los Equipos Municipales Especializados.