Televisión Canaria ha estado siempre inmersa en un constante conflicto a todos los niveles pero concretamente en el escenario político. Entre otras cosas porque es un excelente campo de batalla en el que hacer daño al Gobierno sin tocar áreas más sensibles que compliquen los futuros pactos que en el contexto canario son inevitables.
El nacimiento de TVC no fue un alumbramiento feliz. Ya en 1999 se escenificaron las múltiples contradicciones de las que todas las fuerzas políticas van a hacer gala a lo largo de toda su historia. El PP peleó por un modelo de televisión de exclusividad pública mientras que CC apostó por un modelo mixto que no desangrara las cuentas autonómicas como estaba ocurriendo en el resto de España. Incluso, se acudió a la Justicia para frenar su creación. Pero Fomento decidió no recurrir porque no hay nada que un pacto no arregle. Los conservadores canarios se retiraron de la batalla llevándose como botín unos sillones en la bancada azul del Parlamento canario. Aquí paz y en la TVC gloria.
Hasta el año 2001. En marzo, el primer director del Ente, Jorge Bethencourt, presenta su dimisión "irrevocable", denunciando que el problema de TVC excede el ámbito exclusivamente técnico y profesional y ha adquirido una dimensión política. En toda una exhibición de intervencionismo político que tanto ve en el ojo ajeno desde la oposición, el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, no duda en sentenciar: "Bethencourt estará en su cargo hasta que yo lo considere, así de claro". El ahora líder del nacionalismo grancanario no ha perdido las malas costumbres. Hace poco, ha tenido la osadía de crear la escaleta de la Televisión como en tiempos pretéritos, obligando a realizar retransmisiones en contra del criterio profesional de los técnicos o llamando a la Dirección de informativos para imponer sus exigencias.
Y así fue. Rodríguez elige a Francisco Moreno para dirigir un barco que no para de zozobrar. Moreno no lo tuvo fácil, PP y PSC decidieron no apoyar su nombramiento a pesar de admitir que su currículum le definía como el mejor candidato posible. ¿La razón? ¿El bien de la Televisión, responder a las demandas de los canarios? No, como ellos mismo admitieron, simple y llanamente infligir al Gobierno de Canarias una derrota. Unos meses después todos los parlamentarios cayeron rendidos a su proyecto de televisión.
La estructura de TVC seguía aún en pañales. La primera acción de Moreno fue activar el Reglamento Orgánico que pusiera orden. Se aprobó, de hecho aún sigue en vigor, pero tiene muchos deberes sin cumplir. Para empezar se apostó por crear un Consejo Asesor de 22 personas no vinculadas a los partidos políticos. El órgano de control despolitizado anhelado por los profesionales de la casa nunca llegó a materializarse. Un órgano que solo puede estar formado por personal del Ente para evitar conflictos jurídicos que provoquen la asimilación de personal de una empresa privada con el público. El complicado equilibrio entre lo público y lo privado. Pero nadie se quejó desde Teobaldo Power.
Y llegó un nuevo Gobierno y con él los cambios. Adán Martín mantuvo en el cargo a Francisco Moreno durante 18 meses pero a pesar de sus llamadas se negó a reunirse con él. La TVC no estaba en su agenda de prioridades. Hasta que Miguel Zerolo pegó un golpe en la mesa del Consejo Gobierno y pidió su cabeza. Martín se la concedió y eligió a Santiago González como director general del Ente. Corría el año 2005, poco después el pacto CC y PP se rompe y la TVC vuelve a convertirse en arma arrojadiza. Además, se produce un cisma en el nacionalismo canario. Román Rodríguez decide romper con CC y fundar Nueva Canarias-Nueva Gran Canaria. La consecuencia para TVC es que los cuatro consejeros nacionalistas se dividen, tres permanecen alineados con CC y NC-NGC tendrá voz con Miguel Guerra. En el horizonte se encuentra la convocatoria del concurso de informativos. Socater lleva ocho años gestionando los recursos para realizar los telenoticias, los programas de producción ajena y el área comercial.
En medio de un estruendoso ruido acusando a TVC de estar entregada a los intereses de CC, de ser un canal "sectario y manipulador", el Gobierno de Adán Martín saca el concurso en 2007 manteniendo el modelo de tres lotes. Y todo ocurre a la vez. Santiago González deja la dirección de TVC para comandar RNE. Y llegan las elecciones que colocan, de la mano del PP, a Rivero en la Presidencia regional.
Daniel Cerdán es el elegido para seguir adelante con el concurso en medio de una gran polémica pues se denuncia que su nombramiento no es legítimo porque el Consejo no se convocó de manera legal al no estar presente el todavía director, Santiago González. Pero se firma su nombramiento y la vida sigue.
En noviembre de 2007 se desata el escándalo. El Gobierno de Rivero decide cambiar el modelo de TVC y que el Ente asuma la gestión de programas y publicidad. Daniel Cerdán dimite y NC-NGC es la más beligerante ante esta decisión. Román Rodríguez llega a decir que suspender un concurso una vez se han abierto las plicas "ha generado serias dudas sobre la imparcialidad de este, creando inseguridad jurídica y dando una imagen de república bananera".
Comienzan los cruces de denuncias, Fiscalía Anticorrupción, polémicas en el Parlamento? La TVC se convierte en carne de titular. Y en diciembre se le da la puntilla con el nombramiento del locutor Willy García, aventajado alumno de la universidad de la vida, gracias al apoyo del PP.
Con el concurso en el aire, se corre el riesgo de ir a negro. Así, se aprueba una prórroga de seis meses con el entonces adjudicatario, Socater, para hacer tiempo y evitar el desastre.
En febrero de 2008 se aprueba el pliego de condiciones para el procedimiento de negociado con publicidad. El montante de este concurso supera en 9,5 millones de euros el pliego anulado.
Y mientras se negocia, Willy García presuntamente va repartiendo millones para la producción de programas y la prensa destapa lo generoso que es el director general de TVC con sus anteriores jefes con fondos públicos. Más denuncias y un Consejo de Administración mermado, con consejeros que se niegan a acudir, otros incompatibles y el resto escandalizado, hacen del voto de calidad de Willy García un voto de oro.
El sector audiovisual, "prioritario para las Islas" según el PP, empieza a quejarse de la situación y exige más transparencia y participación en la contratación de programación. Poco caso se les hizo, tres productoras se llevaban la mayor parte del pastel.
En mayo de 2008, Willy García anuncia al Consejo la adjudicación de los informativos al grupo liderado por Videoreport. Ninguno de ellos había optado en el concurso anulado por Rivero. Willy García actuó con tan poco sigilo que la CNMV tuvo que intervenir porque las acciones de Videoreport se dispararon al filtrarse la obtención del concurso antes de su aprobación definitiva. Incluso entonces, Román Rodríguez califica de rozar la "desvergüenza" la adjudicación a la empresa de la que forma parte la cabecera Canarias7. Qué vueltas da la vida y qué poca memoria tienen algunos.
El concurso fue adjudicado bajo el amparo de un informe de una empresa privada de consultoría, Doxa Consulting. De hecho se exigió por parte de los perdedores y los consejeros copia de las ofertas.
Según los denunciantes del concurso, Videoreport obtuvo la máxima puntuación en estructura organizativa a pesar de carecer de estudios de televisión, es más, los locales opcionales que figuran en su oferta no cumplían los requisitos mínimos de superficie. No fue el único extremo que llamó la atención, también se le dio más puntos que al segundo en materia de personal a pesar de ofrecer 20 empleados menos.
En junio de 2008 se destapa que Doxa no pudo responder a aspectos claves para la puntuación de ofertas y pidió más tiempo, algo a lo que se negó CC y PP.
En julio de 2008, con Videoreport ya a cargo de los informativos, TVC continuaba sin instalaciones e intentaron que Socater les alquilara las suyas. Los trabajadores no sabían adónde debían ir a trabajar. García reconoció que los locales de la nueva adjudicataria no estarían listos hasta dentro de cinco o seis meses. Así, los trabajadores denuncian "situaciones kafkianas" tras el cambio de modelo y la adjudicación. Los programas de noticias que se realizan desde Gran Canaria se emiten desde una unidad móvil instalada en un camión aparcado en un sótano. La unidad móvil era alquilada. Además, denuncian políticas de "hechos consumados" por parte de la nueva adjudicataria que amenazaban la paz laboral.
Y mientras, sigue la polémica. Miguel Guerra, consejero por NC-NGC, acude a la Fiscalía para denunciar coacciones por parte del Gobierno y la adjudicataria. Willy García se niega a colaborar con el Parlamento, a quien trata con exasperante desdén, se adjudica la web de TVC a una empresa que se dedicada a la gestión y explotación de discotecas, la directora de Antena en el momento del concurso recién concedido, miembro de la polémica mesa de contratación, Anuska Simón, es nombrada directora general de Videoreport Canarias? La lista de despropósitos crece día tras día. La actitud de Willy García comienza a hacerse insostenible y los partidos políticos intentan meterle en cintura. En 2009, la Cámara autonómica impone a RTVC el mismo régimen que cualquier organismo autonómico y deberá responder a todas las solicitudes de los parlamentarios. Se empieza a hablar de que el Parlamento debe tomar el control de la televisión y ser los diputados los que elijan al director general del Ente.
En 2010, se desata una cruenta huelga en los informativos por la falta de acuerdo entre Videoreport y sus trabajadores en la negociación del Convenio colectivo. Entremedias, Willy García anuncia un plan de medidas drásticas de ajuste aunque garantiza los puestos de trabajo.
No puede cumplir su promesa y en 2012 se realiza un recorte de ingresos que supone el despido de 64 personas de la plantilla de la adjudicataria. A causa de este ajuste, Videoreport Canarias experimentó una reducción de ingresos de cinco millones de euros hasta 2016. A cambio, Willy García aprobó la prórroga del contrato durante dos años más, cuatro antes de su caducidad, que le supusieron ingresos por 34 millones de euros más.
Los escándalos empezaron a hacerse insostenibles y la Justicia amenaza con intervenir. Por lo que el Parlamento decide tomar cartas en el asunto y se aprueba deprisa y corriendo una nueva Ley de RTVC diez días antes de las próximas elecciones. Una Ley llena de defectos y que, según admiten sus creadores, fue redactada "para relevar a Willy García".
En ese momento, Santiago Negrín recibe el apoyo de toda la Cámara, con la excepción de la abstención de NC, para ser el nuevo presidente. Pero la unanimidad no iba a hacer el camino de Negrín más sencillo. El nuevo presidente de RTVC sufrió el castigo de los buenos por colaborar con la Justicia en el caso Gloria en el que es investigado su antecesor y sus amigos beneficiados por la contratación de programas que, en algunos casos, ni se emitían. El juego de mezclar periódicos con productoras elevó a Negrín a las portadas y se vio obligado a denunciar el acoso sufrido por no ceder a las presiones y repartir fondos públicos como en tiempos pretéritos. Sin embargo, el Parlamento decidió dejarlo solo y los grupos de la oposición se sumaron al linchamiento y, de paso, matar dos pájaros de un tiro. Machacar al Gobierno y responder ante los amigos con intereses en la televisión. Y estos querían más y al convocar el concurso abierto para los informativos se les desató el apetito.
Pero esa es otra historia.