Los ediles de Bienestar Social de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna han demandado hoy más recursos y nuevas normas al Gobierno de Canarias para atender las necesidades sociales de sus ayuntamientos, los más poblados de las islas.

Los responsables de ese área en estas cuatro ciudades, que constituyen el denominado grupo G-4, han celebrado una segunda reunión de carácter político y técnica en la capital grancanaria, cuyo edil, Jacinto Ortega, ha informado de que plantearán sus nuevas peticiones a la consejera regional de Empleo y Políticas Sociales, Cristina Valido, en una reunión.

Entre las reclamaciones que expondrán a la consejera figura la creación de una ley de barrios de especial vulnerabilidad en Canarias; que se aborden cambios en la Prestación Canaria de Inserción, ya que no cumple la función para la que se creó porque se reduce solo a la ayuda económica; y tener mayor peso en la Federación Canaria de Municipios para poder acceder a más fondos.

Así mismo, exigen al Gobierno canario más trabajadores sociales en las grandes poblaciones por el alto número de usuarios que atienden, que en el caso de Santa Cruz de Tenerife y Telde se han cuadruplicado en los últimos cuatro años, según han destacado sus ediles, Óscar García y Diego Ojeda, quien ha admitido que están "desbordados".

Los servicios sociales de estos ayuntamientos no pueden ser el "cajón de sastre" a donde va a parar todo, ha subrayado Ortega, quien ha incidido en que a ellos acuden personas solicitando vivienda y empleo, cuando esa no es su competencia.

En este sentido, la edil de La Laguna, Flora Marrero, ha reiterado la petición de que las políticas de bienestar sociales exigen un carácter transversal, de manera que en ellas se impliquen todas las administraciones.