La Audiencia de Cuentas ha certificado que Gran Canaria depuraba más del 93 por ciento de sus aguas en el año 2013 en un informe de 2015, datos que ha dado a conocer este martes el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Morales señaló que estos datos de la Audiencia de Cuentas de Canarias fueron elevados al Parlamento canario y al Tribunal de Cuentas, tal como establece la ley, en 2015, "momento en el que nadie dijo nada, ni negó que Gran Canaria depurara sus aguas".

Sin embargo, dijo, ahora "el Gobierno de Canarias y una campaña político mediática se empeñan en mentir a la ciudadanía y negar esta realidad" con el fin de camuflar la de Tenerife, que vierte al mar 54 millones de litros de aguas fecales al mar cada día", según informó el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.

Asimismo, apuntó que el informe detalla que los 21 municipios de Gran Canaria cuentan con depuración, frente a los 14 de los 31 de Tenerife, por lo que subrayó que "Gran Canaria no podía permitir una generalización del problema de los vertidos de aguas fecales a todas las islas".

También recordó que desde 2013 se han ejecutado tres obras que ya se "ha alcanzado el 99 por ciento" de las aguas depuradas, tales como son el proyecto de adecuación de Jinámar, que hace año y medio se adecuó a las necesidades poblacionales reales; el Colector de la capital en Las Rehoyas; y la planta depuradora de Tamaraceite.

Morales reprochó al Gobierno de Canarias que en "su empeño por mentir a la ciudadanía", presentó en el Parlamento canario "un avance de informe, que no ha facilitado al Cabildo, en el que habla de varias decenas de vertidos ilegales de los que no aclara que muchos se refieren a piscinas y pequeñas desaladoras que producen salmuera (sal marina)".

Todo ello, dijo, para "confundir y hacer creer que son vertidos de aguas fecales sin tratar", ya que se refiere a los mismos como vertidos "ilegales en vez de vertidos en procesos de legalización, tramitaciones administrativas que, en muchos casos, está en sus manos resolver".

Además, Morales expuso que mientras que el Gobierno de Canarias "aseguraba que de esos vertidos, al no estar legalizados, no tiene conocimiento y que, por tanto, puede presuponer que son de aguas no tratadas", los documentos de registro de entrada "demuestran que el Gobierno --regional-- sí tiene conocimiento de los controles de calidad de todos y cada uno de los 11 emisarios y conducciones --que vierten a menos de 300 metros de la costa--, que aparecen en los datos hechos públicos en el Parlamento (el resto son piscinas y desaladoras)".

En cuanto a estos 11 emisarios y conducciones, seis son del Consejo Insular de Aguas y el resto de distintas empresas de tratamientos de agua, si bien aseguró que el Ejecutivo canario ha sido informado anualmente de los análisis del agua de todos ellos.

En concreto, añadió que el Emisario del Puerto de las Nieves, el EDAR Cardones, el EDAR Puerto de Mogán, la conducción de La Aldea y la conducción de Bocabarranco en Gáldar tienen fecha de registro de entrada el 10 de julio; la conducción de Tenoya tiene fecha del 30 de marzo; del 16 de enero es la del emisario El Teatro; la del Submarino del Pajar el 7 de julio; el emisario Los Cochinos II el 12 de abril; el emisario Hoya del Pozo el 31 de marzo; todos de 2017, al igual que el de Puerto Rico.

Morales agregó que todas estas fechas se trasladaron al Gobierno canario con todos estos emisarios y conducciones que vierten agua "dentro de los parámetros marcados por la ley al margen de que sean instalaciones en vías de autorización, por lo que pidió una vez más, que no mezcle conceptos en su afán por confundir a la ciudadanía".

Finalmente, Morales puso a disposición de quien lo desee estos informes que demuestran la calidad de las aguas. Asimismo, indicó que exigirá al presidente canario, Fernando Clavijo, una rectificación formal, ya que aseguró que "no puede permitir que Gran Canaria sea perjudicada cuando niega una realidad".

Morales se refirió a algunas de las inversiones realizadas por el Cabildo para mejorar el saneamiento, la desalación y la depuración, tales como los 22 millones de euros que destinará el Cabildo de Gran Canaria a instalar energías renovables en sus instalaciones para abaratar el agua, así como los 50 millones de euros para bombeos, conducciones y mejoras.

Agregó que de toda el agua que se depura, la mitad se destina a riegos de agricultura y jardines, mientras que la otra mitad va al mar pero con las inversiones para "abaratar el coste y para elevarla a cotas mayores, la isla avanza hacia su total reutilización".