El Consejo de Gobierno ha acordado hoy incrementar con 31 millones de euros el presupuesto de los programas de empleo y vivienda en virtud de la Ley de crédito extraordinario, según ha informado la titular del área, Cristina Valido.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha detallado que el incremento de crédito del Instituto Canario de la Vivienda será de 26 millones de euros, con los que se abonarán las solicitudes de ayudas y subvenciones presentadas en el marco de anteriores planes de vivienda.

Concretamente, el Gobierno destinará más de 25.080.019 euros para facilitar el abono de las ayudas pendientes de planes anteriores y que no se pudieron pagar por no contar con crédito adecuado y suficiente debido, principalmente, a los recortes y ajustes presupuestarios realizados en los años en los que la crisis económica.

También con cargo al crédito extraordinario, Vivienda destinará en este año un millón de euros para las actuaciones de conservación y mantenimiento de viviendas protegidas de Visocan, a los que habrá que sumar otros 93.500 euros que se destinarán en los estudios y análisis de las necesidades del parque público de viviendas protegidas de titularidad del Instituto Canario de Vivienda.

Además de este importe, se desbloquean 2.184.004 euros, repartidos en este último semestre del año, que permitirán al departamento canario de Vivienda contar con el crédito suficiente para abonar las ayudas pendientes de la Hipoteca Joven y para las personas que adquirieron viviendas de Protección en ediciones anteriores, ha detallado la consejera.

Por su parte, el Servicio Canario de Empleo dispondrá de 4,8 millones para fomentar la empleabilidad de los residentes canarios en acciones de orientación, ayudas a los autónomos y ayudas que faciliten trabajos fuera del lugar de residencia habitual.

En concreto, se destinará 1,4 millones al programa de Fomento del Empleo Autónomo, mientras que el de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo recibirá 2,8 millones y el de incentivos a la movilidad y alquiler de empleo 600.000 euros.

Valido también ha elevado hoy a consideración del Consejo de Gobierno el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social de Canarias, a fin de establecer la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales.

En su informe, el área que dirige Valido considera la necesidad de contar con una Ley que regule el Tercer Sector de Acción Social en su globalidad y que establezca las medidas para el impulso tanto de sus actividades como de la colaboración con las administraciones públicas.

De esta forma, se otorga una mayor estabilidad jurídica al Tercer Sector de Acción Social, reconociéndolo y mejorando la situación actual que regula solamente sus componentes por separado, así como fomentando los canales de colaboración entre dicho sector y las administraciones públicas.

La propuesta legislativa ha sido consensuada con los colectivos implicados a través de una serie de reuniones que ha mantenido el Comisionado para la Inserción Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, en las que ha podido conocer cuáles eran las principales dificultades a las que se enfrentaban y las necesidades a las que se debía dar cobertura.

Como objetivo general de la futura ley se establece el impulso de la cohesión social y la creación de empleo, ya que afectará directamente tanto a las personas que consigan un empleo en las entidades reguladas como a los usuarios que se beneficiarán de los servicios que éstas presten.

El texto entiende por entidades del Tercer Sector de acción social a las organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy destinar al Hospital San Juan de Dios una subvención por un importe de 322.000 euros, para financiar el mantenimiento del Centro San Juan de Dios, destinado a la atención de personas adultas con discapacidad intelectual con trastornos de conducta.