El proyecto de ley de Servicios Sociales, aprobado por el Consejo de Gobierno, prescinde de la creación de la tarjeta social, prevista como un instrumento para identificar a los usuarios de prestaciones sociales con independencia de la comunidad en la que resida.
La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, señala que esa decisión es fruto del estudio conjunto de técnicos y asociaciones que coincidieron en que la tarjeta "no era necesaria" y que podía "estigmatizar" a los ciudadanos, ya que "nadie quiere llevar en la cartera una tarjeta que diga que es usuario de los servicios sociales". Impulsar la tarjeta social, ya en vigor en otras comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, era uno de los acuerdos unánimes alcanzados en la VI Conferencia de Presidentes tal y como recoge el documento publicado por Moncloa el 17 de enero de este año.
Valido aclara que técnicos y colectivos coincidieron en que dicha herramienta no es necesaria
En ese documento se indica que la tarjeta social pretende ser "una llave de acceso" al registro de prestaciones sociales públicas que permitirá "detectar con toda precisión" las situaciones de mayor vulnerabilidad al conocer en tiempo real las prestaciones sociales de contenido económico que "bajo distintas fórmulas" gestionan las administraciones públicas.
Valido apuntó que la tarjeta que se acordó impulsar está "más enfocada al empleo" y que, de hecho, es en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales donde se está tratando este asunto. "En la sectorial varias comunidades autónomas se han pronunciado en el mismo tenor que Canarias, la gente no debe tener que identificarse como demandante de prestaciones, aunque es cierto que hay que unificar las bases de datos y cruzar información", dijo la consejera.