El sistema educativo canario es uno de los de mayor tasa de interinidad del país, es decir, está entre los que tienen más porcentaje de sustitutos en las aulas respecto al total de docentes, según los sindicatos del sector. Esta situación, que se repite en Primaria -28,2%-, Secundaria -31,6%- y el resto de cuerpos -39,2%-, ha crecido durante la crisis, afecta negativamente a las condiciones laborales de estos profesionales y merma la calidad de la educación que se presta. Castilla-La Mancha -con un 12,39% en Primaria y un 15% en Secundaria- y Murcia -14,10% y 12%, respectivamente- son algunas de las regiones con mejores datos.
Las organizaciones de las Islas advierten de la injusticia que supone este sistema para los docentes, pero también del efecto que tiene la alta interinidad en la docencia. La inestabilidad en los claustros dificulta que se lleven a cabo proyectos educativos a medio y largo plazo en los centros. Ocurre especialmente en algunos municipios del sur de Tenerife, Lanzarote o La Palma.
Para los sindicatos, el gran reto es dar estabilidad al sistema sin perjudicar a este colectivo. Juan Jesús Bermúdez, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), explica que su sindicato ha defendido en las mesas de negociación el descenso de la tasa de interinidad y, al mismo tiempo, la consolidación del profesorado interino.
"Los nombramientos de interinos deberían ser para situaciones excepcionales, pero en Canarias el porcentaje de interinidad supera lo razonable. Se debe, en parte, a que la Consejería no ha hecho una transición normativa específica para estabilizar al profesorado con más experiencia" y a que es necesario "convocar más plazas". Bermúdez aboga por un sistema que respete la experiencia, "como se hace en otras comunidades".
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, cree que la estabilidad es clave para la mejora del sistema educativo y aboga por ir reduciendo la cifra, tal como se ha acordado con el Estado recientemente. No obstante, insiste en la necesidad de valorar la experiencia de los docentes y de ampliar plazas en el Programa de Mejora de la Estabilidad de Claustros Docentes Inestables, algo en lo que coinciden otras organizaciones sindicales.
Gerardo Rodríguez (STEC) está de acuerdo con que la interinidad de las Islas es un problema y hay que reducirla, pero advierte de que no aceptarán convocatorias de OPE masivas si no se adoptan medidas que ayuden a la estabilidad del colectivo más vulnerable: "los interinos con 55 años o más y al menos cinco de antigüedad".
Los sindicatos no creen que muchas de las carencias que arrastra el sistema educativo canario se vayan a solucionar a corto o medio plazo, al menos las que dependen de los presupuestos. Las organizaciones consultadas por este periódico -CCOO, ANPE y STEC- consideran insuficiente la partida prevista para el próximo año, que supondrá un incremento de unos 100 millones de euros con respecto al presupuesto de 2017.
El STEC-IC es especialmente crítico con las cuentas anunciadas por el Gobierno canario. Cree "totalmente insuficiente" el aumento de 100 millones, que elevará la inversión del 3,5% al 3,7%, "muy lejos del 4% requerido y exigido por la plataforma ciudadana "¡Por el 4% para la Educación ya!".
A su juicio, este incremento no cumple con la proposición no de ley (PNL) aprobada el pasado 11 de octubre por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Coalición Canaria, en la que se instaba a alcanzar el 5% del PIB en los presupuestos de 2018.
Pedro Crespo (ANPE), por su parte, considera que el presupuesto debería ser mayor, pero valora que la tendencia sea positiva y se vaya en la dirección de lograr el 5% del PIB en 2022, lo que marca la Ley Canaria de Educación.
Juan Jesús Bermúdez (CCOO) advierte de que la subida prevista no permitirá solventar graves carencias que se han acentuado los últimos años, tales como los recortes en la atención a la diversidad, el aumento de las ratios alumno profesor, el aumento del horario lectivo en Secundaria y el importante deterioro de muchas infraestructuras educativas.
"La ratio ha subido el 20% desde que se aprobó el real decreto que autorizó los recortes en educación", recuerda el representante sindical.