El responsable del sindicato CSIF en el ámbito de la seguridad privada, Gustavo Villalobos, asegura que su organización ha presentado varias denuncias contra la actual concesionaria del servicio en el centro de medidas judiciales para menores de Valle Tabares, Alcor Seguridad.

Señala que uno de los escritos plantea la supuesta ilegalidad cometida por la adjudicataria por no subrrogar a 20 de los empleados de la anterior empresa, Seguridad Integral Canaria (SIC). Otra denuncia se basa en que Alcor aplica un convenio de empresa para los 20 nuevos contratados, que perciben más de 200 euros menos que el resto de sus compañeros. Y la tercera es porque tardó más de un mes en uniformar correctamente al personal.