Los grupos de izquierda en el Parlamento de Canarias (PSOE, Podemos y NC) alertaron ayer de la tendencia alcista que aprecian en los números e inversiones públicas de la educación concertada en las Islas en los últimos años. Un alza que consideran alarmante si, al mismo tiempo, representa un debilitamiento de la educación pública, extremo que negó la consejera del área, Soledad Monzón, durante una comisión sobre su departamento.
Monzón subrayó que, frente a esa preocupación de la izquierda, Canarias aún se sitúa en la tercera comunidad con menos educación concertada del Estado y la primera con más privada. Eso sí, reconoció que la primera ha ido creciendo y la segunda, decreciendo, hasta suponer un 16% la sustentada en conciertos con la administración y un 7% la privada, frente al 77% restante que ocupa la pública.
La consejera también destacó que, para 2018, el aumento de la inversión pública en la concertada es del 2,15%, mientras que la pública experimentará un incremento del 7%. A su juicio, este diferencial y el hecho de que los aumentos de alumnos en la concertada, sobre todo en Lanzarote, obedezcan solo a cuestiones lineales y demográficas, demuestran que la apuesta del Gobierno está clara y se fundamenta en la enseñanza pública, sin despreciar una concertada que, según remarcó, resulta necesaria cuando no puede llegar lo público y ante ciertos módulos de enseñanza que no se ofertan. Sus tesis fueron reforzadas por su compañera de CC Dolores García.
Monzón también indicó que se han firmado 99 conciertos, uno menos que en el curso anterior, y que solo hay 5 centros de este tipo en las islas menores (dos en La Palma, otro en Fuerteventura y uno en Lanzarote), con lo que la inmensa mayoría se sitúan en Tenerife (49) y Gran Canaria (46).
Ese aumento presupuestario se traducirá en 153 millones durante 2018 para la concertada, lo que supone un 9,34% de toda la partida del área, pero un porcentaje menor que el que se destinaba en 2012, según destacó Monzón.
Eso sí, el diputado Luis Campos (NC), que promovió esta comparecencia, remarcó que el aumento para el próximo año en la concertada es de 6 millones y, si bien la cree necesaria cuando la pública no llega, alerta de que su recurso debe ser solo coyuntural, pero se ha convertido en estructural por la insuficiente apuesta por crear los equipamientos necesarios.
En una línea muy similar se pronunció el diputado Francisco Déniz (Podemos), quien se mostró muy crítico con la defensa que hizo Águeda Montelongo de la educación privada y concertada. A su juicio, el problema es que la concertada, con dinero público, no siempre cumple con los requisitos de admisión que se exigen en la pública, aparte de que el hecho de que islas como La Gomera o El Hierro no tengan centros concertados o que el resto de islas menores presenten tan pocos demuestra que jamás cubrirán las necesidades sociales. Asimismo, alertó de la descompensación que hay en zonas como Taco.
Nayra Alemán (PSOE) llamó la atención sobre el aumento de un 2% en el gasto en la concertada y le pidió a la consejera que desgranara ese desembolso por centros y destinos concretos. La diputada socialista por Gran Canaria teme que se esté fomentando un desvío de alumnos de la pública a la concertada por la reducción de la calidad en la primera.
Montelongo (PP) reivindicó la libertad de elección de las familias, cree que el sistema funciona bien, remarcó que en la concertada se le da prioridad a las matrículas de niños con menos recursos y que un alumno de este sistema híbrido cuesta una media de 3.000 euros, frente a los 6.000 de la pública. Además, recordó que no cuentan ni con becas para idiomas ni para comedor.
ASG exigió un buen uso del gasto en la concertada y alertó también de ese aumento de 6 millones.
"Empresarios millonarios por cursos de formación"
La comisión comenzó con un detallado informe de Monzón sobre el proyecto Enlaza, con el que se pretende acercar mucho más la formación en los centros educativos y las necesidades de las empresas para que crezca el trabajo y la empleabilidad de los residentes. En general, los datos, esfuerzos y previsiones de este proyecto fueron bien acogidos y hasta ensalzados por todos los grupos en comparación con lo que había hasta ahora en este ámbito. Sí que se pide más claridad en las certificaciones y, sobre todo, aprovechamiento de la Formación Profesional, pero la parte más jugosa de este punto la aportó Francisco Déniz (Podemos). El diputado y profesor de Sociología en la ULL alertó de que, con este proyecto, no debe ocurrir lo que ha pasado con otros muchos cursos en las Islas, "con los que algunos empresarios se han hecho millonarios" sin el debido control ni seguimiento público de la eficacia de esas clases y grandes desembolsos. Más tarde, este grupo insistió en la educación de 0 a 3 y anunció que planteará su fomento en 250 escuelas en el curso 2018-19.