Visocan, la empresa pública de promoción de viviendas protegidas en el archipiélago canario, acumula más de 5 millones de euros en impagos de alquiler en vivienda pública que corresponden a familias vulnerables y a otras que no quieren pagar porque el Gobierno no desahucia.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha comparecido hoy en el pleno del Parlamento canario a instancias del PP para hablar de la situación actual de Visocan, empresa que, según ha dicho, tiene "serios problemas económicos".
Cristina Valido ha aseverado que "mucha gente que no está pagando porque no puede" y ha anunciado que hay que revisar las circunstancias de las familias que no están respondiendo al abono de su alquiler, lo que ha derivado en una "enorme deuda" de Visocan debido a la morosidad.
El Gobierno de Canarias ha decidido que el que no pueda pagar no puede ser desahuciado para lo que, desde el año pasado, ha enviado avisos con el fin de regularizar la situación de las familias que no pueden pagar.
La consejera ha justificado la "complejísima" situación por la que pasa Visocan por la crisis económica del sector inmobiliario y por los recortes públicos que impiden que Visocan pueda construir vivienda.
Además, ha reconocido que el acondicionamiento, reparación y mantenimiento de las viviendas públicas que hay se ha hecho también muy complicada.
"El parque de viviendas necesita una inversión gorda", ha manifestado la consejera, quien ha indicado que ahora, que hay más recursos, hay que empezar a reparar el parque público.
Ha destacado que este ejercicio presupuestario se van a rehabilitar 4.500 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde gracias a un acuerdo con el Estado.
Para Valido es fundamental sanear Visocan para que pueda responder a los objetivos por los que fue creada, que responder a los problemas de vivienda en Canarias.
La diputada del PP Josefa Luzardo ha denunciado que la política de vivienda del Gobierno de Canarias es inexistente, pues desde el año 2012 el Ejecutivo carece de plan de vivienda.
Luzardo ha criticado que Visocan no cumple con su función, que es construir vivienda pública y, además, está mal gestionada y tiene una enorme deuda, ha añadido.
Ha lamentado que el nuevo plan de vivienda anunciado por Cristina Valido no vaya a estar operativo hasta la próxima legislatura, a partir del año 2019.
La diputada del PSOE Teresa Cruz ha defendido la importancia de Visocan, empresa pública que necesita "sí o sí una revisión" para que prime los intereses sociales a los económicos y no acometa desahucios ni realice cobros "extraños" de IBI.
La diputada de Podemos Noemí Santana ha abogado por "liquidar" Visocan, empresa pública que "desde sus inicios está viciada" y que sus competencias las gestione el Instituto Canario de Vivienda.
Noemí Santana ha recordado que Podemos ha pedido la creación de una comisión de investigación sobre Visocan que está paralizada y ha avisado de las amenazas de desahucio que ha hecho Visocan a arrendatarios de alquiler público.
El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha criticado el fracaso "en mayúsculas" en vivienda, precisamente, porque no ha existido política de vivienda en el Gobierno canario, lo que ha hecho que Visocan solo se haya dedicado a "hacer de casero".
Luis Campos ha alertado de que hubo avisos de desahucios de Visocan a familias que, por falta de recursos, no podrían pagar el alquiler, si bien esto "se ha atenuado en los últimos tiempos", ha admitido.
La diputada de la Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza, ha pedido que se resuelva la escasez de vivienda pública y ha detallado que en Canarias hay 20.000 familias que residen en viviendas sociales y 10.000 que demandan este tipo de viviendas.
Melodie Mendoza ha comentado que la política de vivienda necesita de "un gran impulso" que podría llevarse a cabo con los 10 millones extras con los que cuenta el presupuesto del próximo año para vivienda.
La diputada de CC Alicia García ha recordado la situación de Visocan llegó que ser tan complicada que hace cinco años tuvo que afrontar un ERE en su plantilla debido "al castigo" de la financiación estatal.