La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda tiene listo ya el borrador de la nueva Ley del Menor de Canarias, que sustituirá a la actual tras más de 20 años e incorporará las modificaciones a nivel nacional incluidas en el nuevo sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
La consejera del área, Cristina Valido, explicó que además de abordar este cambio normativo, su departamento ha encargado a especialistas de las dos universidades canarias un diagnóstico que servirá de base para redactar un plan integral de atención a la infancia y a la familia. "Este año compartiremos ese diagnóstico con los agentes sociales para elaborar un plan integral de atención a la infancia y a la familia. Hace muchísimos años que Canarias no tiene un plan de estas características y necesitamos avanzar lo más posible este año. Es necesario", subrayó.
Desde que se promulgó la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores se han producido importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores y que exigen una reforma de sus instrumentos de protección jurídica.
La nueva normativa introducirá los cambios dispuestos en la norma estatal en materia de infancia y adolescencia, aprobada en 2015. Se incorporará el concepto jurídico "interés superior del menor", atendiendo a los criterios del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, y aparecerán, por primera vez, los "deberes de los menores" en los ámbitos familiar, escolar y social.
Este decálogo ya aparece en la norma nacional y establece una serie de obligaciones que los menores deben cumplir en su entorno "de acuerdo a su edad y madurez".
Además, el texto también hace referencia a la necesidad de regular con más detalle la capacidad de los adoptantes y nuevas figuras en materia de adopción y simplificación del procedimiento.
Por último, aborda la conveniencia de establecer un nuevo marco regulador en los derechos de los menores extranjeros respecto a la educación, la asistencia sanitaria y los derechos de protección.
Valido anunció estas medidas en un encuentro con los medios de comunicación para hacer balance del año 2017 en las distintas áreas que abarca su Consejería. Puso especial énfasis en el trabajo extra que han desempeñado muchos trabajadores de la Administración en condiciones complejas. "Las plantillas han descendido y ha aumentado el número de gestiones que deben realizar".
La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda expidió 15.096 carnés de familia numerosa, 6.700 más que en 2016. Este aumento del número de certificados ha sido posible gracias a la puesta en marcha de un plan de choque que incorporó personal al servicio.
"Estábamos en una situación de extrema gravedad, había un gran retraso en la tramitación de los carnés de familia numerosa", admitió Valido esta semana.
Ese personal extra ha hecho que se reduzca significativamente el plazo de espera. Hace un año la tardanza media estaba en nueve meses y hoy está entre los tres y los cuatro, dependiendo de la provincia. La ley establece un periodo máximo de tres meses.
"En Las Palmas aún estamos alrededor de un mes o algo más por encima de lo establecido en la ley. Estamos esperando a incorporar con el inicio del año otro plan de choque para dotar de personal y ponernos en hora. Esfuerzo enorme", anunció la consejera.
Además, Valido hizo balance de las actuaciones que se están llevando a cabo para mejorar la atención en materia de atención a menores desamparados.
"En materia de acogimiento la tendencia sigue siendo muy positiva, cada vez hay más acogimientos", destacó. "Las cifras mejoran y seguimos con las campañas de promoción para el acogimiento; nuestro objetivo es que los menores no estén en un centro de protección si es posible".
El departamento que dirige Valido también ha puesto en marcha un programa para atender a jóvenes extutelados, para lo que ha destinado diez millones de euros.
Esta iniciativa trata de dar asesoramiento y recursos alojativos para que estos jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral y tener un futuro en condiciones.