El Gobierno regional continúa pletórico por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que le da la razón sobre el recorte en el convenio de carreteras de 2012 y que obliga al Estado a devolverle 138,46 millones que no invirtió en ese año bajo el argumento de la crisis. Sin embargo, y pasada la resaca de la buena nueva, la consejería de Obras Públicas reconoció ayer a EL DÍA que, si bien sí se recurrieron los recortes de 2013 y 2014 y que pronto se esperan nuevos fallos favorables, no se hizo lo mismo con los años 2015 y 2016, aunque se estudia ya si se puede reclamar el dinero de esos ejercicios.

El Ejecutivo esgrime que no recurrió los años 2015 y 2016 tras la sentencia publicada en 2014 por la Audiencia Nacional, que no le daba la razón y respaldaba las tesis del Gobierno central. Sí presentó recursos contra los recortes de 2013 y 2014 y, de hecho y según apuntan otras fuentes del Gobierno autónomo a este periódico, se espera que, en fechas próximas, salga el fallo sobre 2013 y, poco después, el del siguiente ejercicio y, en ambos casos, en la misma línea de la sentencia conocida este martes.

En el primer caso, el Canarias reclama 152,81 millones de euros, mientras que, por los recortes de 2014, la cifra se eleva a los 170,81. Estas dos cantidades, que, seguramente, también se reconocerán en breve por simple coherencia con el reciente fallo judicial, hacen un total de 462,08 millones si se suman a los 138,46. Teniendo en cuenta que el propio Ejecutivo isleño, tras el fallo del martes, recordó que el recorte global se sitúa en torno a los 700 millones, lo pendiente de 2015 y 2016 ascendería a un mínimo de 240 millones.

No obstante, la cifra es mucho mayor porque, según Obras Públicas, lo pendiente de 2015 asciende a 166,31 millones y, respecto a 2016, a 129,31, lo que hace un total de 295,62 millones. Una cifra mucho más cercana a lo que, hasta ahora, han apuntado fuerzas como NC en los dos parlamentos y que, junto a los 462,08 millones de 2012 a 2014, dejan un total a recuperar de 757,7 millones.

Fuentes de la consejería de Obras Públicas indicaron ayer que estudiarán si la sentencia tiene efecto retroactivo y, por tanto, cabe la reclamación de lo no invertido en 2015 y 2016 o si hay otras vías para que el Estado reconozca esa deuda.

Sin embargo, y más allá de cómo y cuándo se recuperará lo de 2012, así como qué ocurrirá con el resto de años, lo cierto es que el fallo del Supremo, que desmonta los argumentos de la Audiencia Nacional, marca un antes y un después en beneficio de las Islas. Primero, y según recalca el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, porque refuerza al máximo los convenios que se firmen desde ahora entre los gobiernos central y canario porque, aunque haya cambios en quién gestiona en años sucesivos, esos acuerdos no se podrán romper de forma unilateral.

La segunda gran novedad es que se da una relevancia clave para el transporte y la movilidad en Canarias al hecho de que no haya continuidad con la Península ni medios como trenes o metros.