La reanudación, ayer, del pleno regional iniciado el martes comenzó con el asunto estrella de la energía en Canarias en la actualidad y, por lo que parece y con permiso de las prospecciones en Marruecos, para una larga temporada. El consejero de Industria, Pedro Ortega, volvió a defender con insistencia la introducción del gas ciudad, recalcó que el Gobierno, en ningún caso, lo impone o responde a una "cacicada" y remarcó que uno de sus efectos claves será un ahorro en el gasto mensual de los ciudadanos, aparte de reducir las emisiones como ya han conseguido países como Reino Unido.

Sin embargo, y salvo al PP, no convenció a gran parte de la oposición, que le reprocha una apuesta por la energía limpia que creen débil, que teme por los precios, que le echa en falta una verdadera estrategia energética, pero, sobre todo, que advierte de la imposibilidad de que el gas acabe entrando en ciertos municipios o ciudades por el gran rechazo social que ya hay y que irá a más.

Ortega recordó que la posibilidad legal del gas en las Islas la propició el Gobierno de Román Rodríguez (entonces en CC y ahora portavoz de NC) en 2003. Además, y en línea con Socorro Beato luego, remarcó que el Ejecutivo no puede más que garantizar la libre concurrencia de las empresas interesadas (ya hay dos que han pedido instalarse en 10 municipios: 8 de Redexis y 2 de Gas Natural) y que el proceso ha sido claro y transparente. Asimismo, aludió al Estatuto regional y a la ley de hidrocarburos como refuerzos legales y aclaró que las instalaciones aún están pendientes de un fallo judicial tras ser recurridas por 3 compañías.

Ante las críticas del PSC, recalcó que sí hay estrategia energética, cuyo borrador está colgado en la web, al tiempo que le recordó a Podemos que su formación tiene otra visión en Baleares, Aragón o Valencia. Asimismo, le pidió a Manuel Marrero que actualice sus datos sobre renovables porque, a enero de este año, alcanzan el 10% en las Islas y no el 8 del mismo mes en 2017. Además, se atrevió a aventurar que, en junio, se llegará al 15%, al 20 a finales de año y a picos del 36% en ciertas etapas, como ya ha ocurrido en Gran Canaria.

Gustavo Matos (PSOE) fue el más crítico por lo que cree una clara falta de política energética y subrayó que esto no se puede dejar en manos de cabildos y municipios. Reiteró que se trata del gran debate pendiente en las Islas y le reprochó a Ortega haber arrinconado las directrices de ordenación energéticas impulsadas en el mandato anterior. Según aclaró, su partido se opone "mayoritariamente" al gas ciudad sin que esto sea incompatible con el derecho de los ciudadanos a decidir la energía que quieren para el futuro.

Román Rodríguez utilizó el argumentario del Ayuntamiento de La Laguna para advertir de que al Gobierno le va a resultar casi imposible que entre el gas en municipios como Agüimes, Telde o Las Palmas simplemente por el aplastante rechazo social. Según remarcó, y como con otras múltiples cuestiones, lo que se impulsó en 2003 puede no ser lo más idóneo ahora, aparte de responder a Socorro que no por eso estaría prevaricando el Gobierno.

Marrero no solo censuró a CC, sino al PP como "fiel socio" y al PSOE por sus diversas posturas otras. En su opinión, las Islas deberían seguir el ejemplo de Azores o Madeira con las renovables y no pensar tanto en el negocio "de unos pocos". José Estalella (PP) dijo que apoyan el mix energético, da por hecho que bajarán las facturas y critica el recurso "al miedo y demagogia" de la izquierda, mientras que Jesús Ramos (ASG) no tiene claro el precio final.