El letrado de la Asociación Nacional de Interinos, Manuel Nicolás Martos, anunció ayer que su organización planea recurrir judicialmente la oferta pública de empleo (OPE) de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

El letrado informó a Efe de que el principal argumento de impugnación es la existencia de un trato discriminatorio hacia el personal interino porque no se les reconoce el derecho de estabilidad y de indemnización en caso de cese.

Sin embargo, ni el Gobierno canario ni algunos sindicatos consultados por este periódico encuentran base jurídica en la amenaza del letrado. El director general de Personal de la Consejería, Rafael Bailón, explicó a este periódico que sin el texto de la convocatoria publicado, es difícil entender las razones a las que se aferra el representante, y que obviamente se ceñirá a la normativa vigente. Con respecto al número de plazas y las especialidades, el representante insistió en que el número de plazas está decidido ya. Adelantó que su departamento se reunirá próximamente con los sindicatos, en el marco de una mesa sectorial, y escuchará sus demandas, a pesar de que tenga "clara" la oferta.

La convocatoria, adelantó, saldrá publicada a finales de marzo o principios de abril y los exámenes serán la última semana de junio.

El secretario de Política Educativa de CCOO, José Ramón Barroso, uno de los sindicatos que han criticado la oferta de más de dos mil plazas planteada por la Consejería, pidió cautela ante las informaciones surgidas y recomendó a los interesados consultar con sus sindicatos para cerciorarse de las posibilidades reales de esta "amenaza". Barroso, no obstante, sí criticó con dureza la decisión de Educación de convocar un número tan elevado de plazas, ya que, considera, se producirá un efecto "llamada" en todo el país.